La Generalitat de Cataluña habría desviado más de 4,7 millones de euros de dinero público para la organización del proceso independentista que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre, según los informes con los que cuenta el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que probarían la malversación de fondos públicos.
Así lo revelan los numerosos análisis encargados por el magistrado, que arrojarían, por tanto, cifras muy superiores a los 2,1 millones de euros que Llarena impuso de fianza en calidad de responsabilidad civil a los 14 exmiembros del Govern procesados en esta causa para cubrir la indemnización fijada en una eventual condena.
El juez decidió fijar esa fianza porque el auto de procesamiento se dictó el pasado 21 de marzo, pero la investigación no ha cesado, ya que aún no se ha cerrado la instrucción. Por tanto, si alguna de las acusaciones -Fiscalía o Vox- reclama que se incremente esa cantidad atendiendo a los últimos informes, Llarena podría acordarlo.
Desde que se abrió la causa, los investigadores de la Guardia Civil han ido presentando informes al instructor con el fin de acreditar los delitos por los que han sido procesados 14 exmiembros del Govern de Carles Puigdemont, los integrantes de la antigua Mesa del Parlament y otros diputados catalanes: rebelión, malversación y desobediencia.
Si bien las primeras pruebas entregadas al juez se centraron más en la "violencia" que, para los investigadores, rodeó determinados episodios del proceso independentista, así como la desobediencia mostrada al tomar decisiones en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional, en las últimas semanas Llarena ha tenido acceso a informes que podrían acreditar la malversación de fondos públicos.
Más de un millón y medio ya se habría pagado
La primera vez que la Guardia Civil hizo un pormenorizado análisis del coste que supuso la organización del 'procés' y la preparación del 1-O fue en un informe que se conoció el pasado 5 de junio -pero que se entregó al magistrado un mes antes- y en el que se acreditaba que la Generalitat comprometió 3,26 millones de euros, de los que había pagado 1,588 millones y tenía pendiente de abono 1,66 millones.
En ese documento, los investigadores exponían las cifras que se dedicaron, departamento por departamento del Govern de Carles Puigdemont, para sufragar la campaña de la consulta ilegal y el propio referéndum.
En estas adjudicaciones de fondos estarían implicadas la Vicepresidencia (que dirigía Oriol Junqueras) y las consejerías de Presidencia, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Salud, Cultura y el Diplocat, para la emisión de anuncios, creación de campañas publicitarias, difusión en medios escritos, configuración de una página web para la campaña del 1-O, carteles publicitarios, servicio de reparto de cartas certificadas o servicios de observadores internacionales.
Sostenía el informe de los investigadores de la Guardia Civil que no se trataba de un plan "individual", "sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada consensuada por los entonces presidente y sus consejeros, asumiendo de manera colegiada o a través de los distintos departamentos las contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias para su ejecución".
Nuevos datos sobre inmuebles y el registro en el exterior
En el último mes, el juez Llarena ha obtenido nuevos datos. Recientemente, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio ha hecho entrega del cálculo sobre la "estimación del valor de uso por arrendamiento de los inmuebles cedidos o habilitados por diversos órganos administrativos para la materialización del proceso de votación".
Según esta empresa estatal perteneciente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Govern de Puigdemont se habría gastado 900.906,70 euros en habilitar los 2.259 inmuebles que se utilizaron para el referéndum independentista.
A todo ello hay que añadir los 621.928,34 euros que la Generalitat invirtió en el registro de catalanes en el exterior, una aplicación que ya fue creada para la consulta del 9 de noviembre de 2014 con Artur Mas como presidente y que ha ido experimentando año tras año gastos de mantenimiento. Finalmente, fue actualizada con Puigdemont al frente para la preparación del 1-O, invirtiendo otros 94.253 euros más.
Sumando todas estas partidas, el instructor del Tribunal Supremo habría ya acreditado algo más de 4,7 millones de euros de dinero público malversado durante el 'procés'.
Además, Llarena ha enviado parte de la documentación que ha ido recabando en su instrucción a la Fiscalía alemana, que defiende ante el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein la entrega a España del expresidente Puigdemont.