El presidente de Cataluña, Quim Torra, ha pedido un informe a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat para "desbloquear" la formación del Govern, de la que culpa al Gobierno de Mariano Rajoy, y estudiará "medidas legales" contra ese "bloqueo institucional" del Ejecutivo central al no publicar los nombramientos de los consellers en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Torra tenía previsto celebrar este miércoles la toma de posesión de los nuevos miembros del Govern- entre los que están los encarcelados Jordi Turull y Josep Rull y los huidos de la justicia española Toni Comín y Lluis Puig- lo que hubiese supuesto su primer gran desafío al Estado, tan solo diez días después de haber sido investido.
En una nota emitida por la Generalitat, dice que "ante el bloqueo del Gobierno español a la formación del Gobierno de la Generalitat, que puede impedir la toma de posesión de los consellers y conselleras designados, ha pedido un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora a fin de encontrar la vía de publicación del decreto de nombramientos en el DOGC". La comisión es el órgano encargado de velar por la legalidad de la actuación de la administración catalana.
Torra: "Los derechos políticos de los designados están intactos"
Además, Torra afirma que "los derechos políticos de todas las personas designadas para formar parte del Govern están intactos", por lo que "no hay ningún motivo que justifique que no puedan tomar posesión de su responsabilidad".
"El pueblo de Cataluña, en su totalidad, tiene derecho a tener un Gobierno. Sólo la acción del Estado impide la formación del Gobierno en Cataluña y, por tanto, prolonga la vigencia de la aplicación del artículo 155 y la consiguiente suspensión del autogobierno del país", afirma la nota.
Torra también lamenta que el Gobierno no haya dado "ninguna respuesta" a la carta enviada por el secretario del Govern, Víctor Cullell, en la que se pedía la "justificación" de la negativa del Estado a publicar el decreto de nombramientos.
Sigue el pulso entre Torra y el Gobierno de Rajoy
Preguntada por este asunto en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que "está en manos" del presidente de la Generalitat que un nuevo gobierno tome posesión "con todas las garantías" y que posteriormente se levante el 155 en Cataluña, según informa Efe. También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado que no se haya publicado el nombramiento de los consellers debido a que "se está estudiando su viabilidad" y ha garantizado que la decisión final del Gobierno estará fundada en el Derecho.
Desde Cataluña, el portavoz de Junts per Catalunya Eduard Pujol ha señalado, en rueda de prensa, que las decisiones sobre el Govern "no las toma Rajoy, sino el president Torra", para insistir en la idea de que los todos los consellers nombrados tienen los derechos "intactos". "La prisión quita liberta pero no quita derechos", ha manifestado.
Se mantiene así el tira y afloja constante entre los gobiernos de Cataluña y España, que se acusan mutuamente de no actuar con legalidad y de bloquear la formación de un nuevo Gobierno en Cataluña. Así, desde Moncloa instan a nombrar un Govern "viable", mientras que el Govern considera que el Ejecutivo está "incumplimiendo la ley" al no publicar el decreto de nombramientos en los boletines oficiales porque no hay "motivación jurídica".
Ciudadanos va más allá y no solo se opone al nombramiento de estos consellers, sino que ha presentado este mismo miércoles un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la nulidad de la toma de posesión de Torra.
Mientras, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó este martes a Turull y Rull la libertad provisional indefinida que le habían solicitado para acudir a su nombramiento como consellers, al considerar que hay un incremento del riesgo de reiteración delictiva ante la voluntad expresada por el nuevo president de culminar el proceso independentista.
ERC: formar Govern es un "bien superior" a la restitución de consellers
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ya había avanzado, en una entrevista en TV3, que este miércoles no habría toma de posesión ya que dos conselleras designadas por Torra- Ester Capella y Teresa Jordà- no habían sido citadas y se encuentran en Madrid para acudir al debate de Presupuestos en el Congreso.
Tardà ha afirmado que hay que denunciar la "anomalía que supone que el Gobierno del Estado no reconozca la victoria electoral del independentismo en las elecciones del 21D y la legitimidad de unas personas que tienen todos sus derechos políticos", pero también hacer compatible esta denuncia "con la necesidad imperiosa de tener un Govern que ejecute el mandato del 21D".
"Necesitamos un gobierno urgente para acumular fuerzas y dar respuesta a los problemas de los catalanes, sean o no independentistas", ha insistido Tardà, antes de recalcar que "hay un bien superior" a la restitución de consellers, que es "hacer valer la victoria del independentismo el 21D contra los poderes fácticos, y de ella tiene que salir un gobierno efectivo".
El Parlament pide a ERC aclarar la situación legal de Comín
Por otro lado, la Mesa del Parlament ha acordado dar una semana de plazo al grupo de ERC para aportar la documentación necesaria para aclarar la situación legal del diputado Toni Comín, después de que varios grupos hayan solicitado que se revoque la delegación de voto del exconseller, que se halla en Bélgica, según informa Efe.
La Fiscalía belga rechazó la semana pasada la euroorden de entrega a España de los tres exconsellers que se hallan en Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- por "defectos de forma" en el procedimiento, al considerar que la misma no tenía "equivalencia" con la orden de detención nacional.
Tras esa decisión de la justicia belga, Ciudadanos y el PP solicitaron que se revocara la autorización de voto delegado de Comín al considerar que la situación acreditada de incapacidad prolongada había desaparecido, mientras que el PSC ha pedido un informe a los servicios jurídicos.