La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera probado que el expresidente catalán Artur Mas gastó casi cinco millones de euros de dinero público para la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, según informan Efe y Europa Press.
En su informe final a raiz de la demanda presentada por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, la Fiscalía asegura que Mas autorizó el uso de 4,99 millones de euros del presupuesto de la Generalitat a través de una decena de operaciones para financiar la consulta del 9N y que lo hizo "sin cobertura legal".
El Tribunal de Cuentas abrió un proceso por los gastos públicos del 9-N y en diciembre ordenó el embargo preventivo de la vivienda de Mas y de varios exconsellers para cubrir una fianza de los 5,2 millones de euros. El Tribunal tendrá aún que tomar una decisión.
Pago de la campaña de publicidad del 9-N
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, detalla en su informe final, al que ha tenido acceso Europa Press, hasta un total de diez partidas, tales como el registro de la web para la votación, adquisición de material o campaña de publicidad del 9-N, con las que se ocasionó un perjuicio de 4.995.918 millones de euros a los caudales públicos.
En el caso de la campaña publicitaria, el dinero provenía del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) bajo el concepto de "ICO", según una de de las facturas.
Por ello, el fiscal pide que se indemnice a la Generalitat con casi el total de los 4,9 millones, además del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) con 20.214 euros; al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con 28.915 euros y al Estado con 11.785 euros. Para asegurar el pago, pide que se haga efectivo el embargo preventivo que se realizó.
Mas aportó 2,9 millones de euros en efectivo, donados por la plataforma soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC), y junto con los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones.
Los exmiembros del gobierno catalán han sostenido durante la investigación que no cometieron ningún tipo de "infracción contable" y que todos los contratos y facturas sobre los pagos por la consulta son anteriores a la providencia del 4 de noviembre de 2014 en que el Tribunal Constitución les ordenaba detener la votación.
El pasado mes de abril, la Generalitat catalana, intervenida por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se sumó a la demanda contra Artur Mas y también solicitó al Tribunal de Cuentas que le condenara a devolver los 5,2 millones de euros que costó la consulta, junto a Ortega, Homs y Rigau.