Miles de personas, 38.000 según la Policía Municipal y más de 50.000 según al organización, se han manifestado en Pamplona pidiendo "justicia" para los ocho jóvenes de Alsasua procesados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en un bar en octubre de 2016, un acto que consideran que "no es terrorismo".
Los familiares de los procesados, que han encabezado la manifestación con una pancarta con el lema "Justicia, no es terrorismo", han recibido a lo largo de todo el recorrido de la marcha el aplauso de miles de personas.
La manifestación ha transcurrido sin ningún tipo de banderas, salvo una pancarta firmada por Jóvenes Altsasu en la que se lee "no a los montajes policiales, jurídicos y mediáticos. Libertad y absolución".
De manera constante se han coreado gritos de libertad para los procesados, "altsasuko askatu", que han arreciado a su paso por la sede de la Delegación del Gobierno, donde se han escuchado también algunos silbidos.
Los familiares de los procesados han contado también con el apoyo del Gobierno de Navarra, partidos como Geroa Bai, Podemos, I-E y EH Bildu, y sindicatos como CCOO, ELA y LAB.
100.000 personas firman el manifiesto de apoyo
Asimismo, han señalado en el comunicado final, "casi 100.000 personas han firmado el manifiesto de apoyo, 194 profesionales del ámbito del derecho, 88 diputados y senadores de 8 partidos políticos, 52 europarlamentarios desde Bruselas representantes de 15 países y 5 grupos parlamentarios de distinto color, numerosos ayuntamientos, más de 50 organismos sociales de Navarra, y numerosas personalidades del ámbito académico, de la cultura y del deporte".
Han asegurado que no piden impunidad sino que exigen justicia porque "la exageración, la distorsión, la desproporción es tanta que mucho nos tememos que por un delito o por otro a nuestras hijas e hijos les impongan largas penas de cárcel que no se correspondan con la gravedad de los hechos".
En nombre de las familias, Edurne Goikoetxea ha comentado a los periodistas que está padeciendo una "injusticia que la ciudadanía también percibe" y no pueden permitir "que jueguen así con la vida de nuestros hijos, con las cartas marcadas".
Del juicio que empieza el lunes en la Audiencia Nacional, ha señalado que lo afrontan con poco optimismo porque les han rechazado pruebas y la recusación de la juez, casada con un miembro de la Guardia Civil y condecorada por este cuerpo, hechos en los que "apariencia de justicia no se ve".
En cambio, se ha felicitado por que Amnistía Internacional se haya fijado en este caso, haya pedido que no se califique lo ocurrido de terrorismo, haya criticado que se pidan más de 370 años de cárcel para los procesados y anunciado que asistirá a la vista como observador.
La portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, ha afirmado que su presencia en representación del Gobierno se debe a que en este caso "colisiona el principio de proporcionalidad con una prisión preventiva que dura mas de 500 días" y porque además, como "dijo el Tribunal Superior de Justicia de Navarra" este caso "lo justo" es que se juzgara en la Audiencia de Navarra.