Crear un impuesto sobre las emisiones de CO2 y, mientras se diseña ese gravámen, subir un 29% el tipo impositivo que se aplica al gasóleo. Ésa es una de las recomendaciones del informe elaborado por un comité de expertos creado por el Gobierno para que le asesore en su política de transición energética, dirigida a reducir lo máximo posible las emisiones contaminantes. Los especialistas aconsejan también que se apoye al autoconsumo eléctrico, suprimiendo el llamado impuesto al sol.
El comité -creado a instancias del Congreso de los Diputados- concluye que la fiscalidad ambiental es la vía para descarbonizar todas las modalidades de transporte, la principal fuente de emisiones contaminantes en España.
Así, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales o, lo que es lo mismo, que hagan realidad la expresión "el que contamina paga".
Alargar la vida útil de las centrales nucleares
También aboga por alargar hasta los 50 años la vida útil de las centrales nucleares, 10 años más de lo establecido hasta ahora, ya que su cierre incrementaría el precio de la electricidad en un 20%.
Según este informe -entregado este lunes al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital-, al alargar la vida de las centrales nucleares en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales. Asimismo, piden una revisión del Plan General de Residuos Radioactivos.
Además, los expertos del comité prevén la desaparición del carbón en el mix eléctrico en 2030.
Los análisis realizados por los expertos apuntan a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.
Esta circunstancia -explica el estudio- exige reflexionar sobre las inversiones que sea necesario acometer en los próximos años y que pudieran no disponer de un plazo suficiente para su recuperación. Por ello, el informe contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación “que, pudiendo ser hoy redundantes, podrían ser necesarias en pocos años, cuando se recupere la demanda de electricidad”.
Revisión del sistema eléctrico, incluidos los peajes de acceso
Con este escenario, las simulaciones realizadas por la comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo.
En este capítulo fiscal, propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo).
Como apunta el presidente del grupo de especialistas, Jorge Sanz, se pide una revisión de los peajes de acceso “para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara respecto de otros vectores energéticos alternativos (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes”.
Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico. Esto se debe a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de esos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.
La comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (el origen de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo pagado por el autoconsumo.
Apoyar la implantación del vehículo eléctrico
El informe de 500 páginas prevé que en 2030 habrá en España 2,4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables (un 10% del parque móvil), pero matizan que ese dato está muy por debajo de las previsiones de los países del entorno.
Los expertos también destacan que se podría mejorar la implantación del vehículo eléctrico con una bajada de los costes y el apoyo al despliegue de puntos de recarga.
Además, defienden que un entorno adecuado para promover la I+D+i del coche eléctrico sería vital, dada la relevancia del sector de la automoción en este país.
La descarbonización del transporte de mercancías alcanzaría su máximo potencial con el uso de camiones eléctricos, otros propulsados por gas para el tráfico más pesado y el traspaso de parte de la carga al tren, subraya el informe.
Para esto último, los especialistas advierten de que hace falta un mayor impulso para superar barreras que frenan su desarrollo, como la falta de capilaridad de la red ferroviaria, la necesidad de invertir para eliminar cuellos de botella, el desdoblamiento de vías y su electrificación, así como el incremento del parque de máquinas eléctricas.
Impuestos verdes a vuelos domésticos y barcos
Además, recomiendan aplicar impuestos verdes a vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.
La recomendación de abordar la incidencia de los buques de mercancías y de pasajeros en la calidad del aire de las ciudades donde atracan -incluida en el capítulo dedicado al transporte del documento- se hace pública a dos semanas de que la Organización Marítima Internacional (OMI) se reúna para decidir cómo atajar este problema.
Además, proponen acelerar el cambio de los combustibles marítimos tradicionales hacia el gas licuado, así como un diseño tarifario que tenga en cuenta las características del atraque y suministro a buques y dirija las inversiones necesarias hacia la electrificación y suministro de gas en puerto.
Un plan urgente de eficiencia energética en viviendas
A la hora de abordar el ahorro y eficiencia energética, los expertos destacan el papel decisivo de los 25 millones de viviendas (dos tercios de ellas construidas antes de 1990), que representan el 31% del consumo final de la energía y alrededor del 11% de las emisiones.
En ese sentido, recomiendan que se elabore cuanto antes una nueva estrategia de rehabilitación energética para 2020-2030, la revisión del Código Técnico de la Edificación, el apoyo al autoconsumo eléctrico con la supresión del llamado impuesto al sol, el desarrollo de renovables térmicas in situ, y la promoción de sistemas centralizados de redes de calor de alto rendimiento.
Los expertos reconocen que habrá sectores y empresas que no podrán adaptarse a una economía libre de emisiones, por lo que avisan de la urgencia de adoptar medidas de reactivación económica, capacitación y protección social para los mismos.
En el caso de las empresas susceptibles de cierre o reconversión, aconsejan elaborar planes específicos con medidas de formación y recolocación de los trabajadores afectados.
Las decisiones actuales "pueden acarrear cambios irreversibles"
Una transición justa también debe contar con un Bono Social Energético, que garantice el acceso a todos los suministros energéticos y la protección frente a cortes a todos los consumidores vulnerables, no sólo a los severos como en la actualidad.
Otra de las claves será la evolución hacia redes inteligentes que faciliten la transición energética al contribuir a la penetración de las renovables, del vehículo eléctrico y de la gestión del consumo por parte de los hogares.
Respecto a la gobernanza, el grupo de sabios advierte de que las decisiones que se tomen ahora en energía y clima "pueden acarrear cambios irreversibles en el futuro", por lo que los intereses generacionales y la solidaridad deben estar en el núcleo de las mismas.
El informe concluye que la transición ha de ser inclusiva y participativa, y que para ello se requiere mayor colaboración entre administraciones y de un alto grado de transparencia.