La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad con medidas cautelares -retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales- al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler y al exsecretario de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn- después de que el fiscal pidiera para ellos libertad bajo fianza, al entender que existe riesgo de fuga y reiteración delictiva.
Lamela toma esta decisión aunque en el auto de medidas cautelares recoge que la "finalidad inmediata" de ambos políticos, investigados por sedición, fue la de facilitar la celebración del referéndum del 1-O.
El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo pidió imponer una fianza de 100.000 euros para ambos, señalando como argumento la existencia de nuevos fugados en la causa del "procés", como la portavoz de la CUP Anna Gabriel, así como el riesgo de reiteración delictiva por la persistencia de JxCat de investir a un preso, en alusión al líder independentista Jordi Sànchez, y a un huido, Carles Puigdemont, como presidente de facto, buscando así perpetuar el "procés".
Pese a estos argumentos, la magistrada de la Audiencia Nacional, ha optado por dejarle en libertad con medidas cautelares, tal y como ya hizo hace unas semanas con Trapero, tras tomar declaración como investigado a Soler durante dos horas y cuarto en el marco de la causa en la que investiga por sedición la actuación de los Mossos el 1-O.
La inacción de los Mossos, una "crónica anunciada"
Para la juez, "los más altos responsables de la Consejería de Interior y la connivencia y colaboración con la estructura de mando del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, y de los organizadores y grupos de defensa del referéndum ilegal, fue decisivo para, fuera de la legalidad, impedir el cumplimiento de las resoluciones" del TSJC para evitar la celebración del 1-O.
En este sentido, "la actuación o inacción del cuerpo de Mossos d'Esquadra siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos" como Forn, en prisión junto a Oriol Junqueras y los "Jordis", así como Soler y, "en la medida correspondiente", Puig.
Estrategia, explica la juez -que se basa en los correos que se cruzaron Forn y Trapero-, que "ya se percibía en las declaraciones públicas" de Soler el 27 de septiembre, cuando dijo sobre el referéndum: "La misión de los Mossos es garantizar derechos, no impedir su ejercicio".
Con esa finalidad -prosigue el auto- "desde la Consejería de Interior (...) se hicieron públicas las indicaciones" de Trapero de cómo debían actuar los Mossos, "tanto los días previos como la jornada" del referéndum, y que consistieron fundamentalmente en que de darse la concurrencia de ciudadanos, incluidas familias, en los lugares de votación "su actuación sería mínima" ante el riesgo que suponía para la seguridad ciudadana.
Se trató por tanto de "una especie de 'crónica anunciada'" de una actividad "prácticamente nula" de los Mossos el 1-O, "enmascarada" bajo los principios de "proporcionalidad, congruencia y oportunidad".
Además, con el propósito de "anular cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia", se diseñó además, "un sistema de comunicación entre los agentes de servicio el día 1 de octubre y sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones", lo que causó mayor ineficacia en su actuación.
Soler asume que hizo manipular actas de los Mossos el 1-O
Según fuentes jurídicas, Soler ha asumido la iniciativa de manipular las actas de comunicación que redactaron los agentes de los Mossos desplegados el 1-O, aunque también ha defendido que el solo transmitió sus opiniones a Trapero y el resto de consellers, ya que él no dirigía operativos policiales, un argumento que también ha esgrimido el que era número dos en la consejería de Interior, César Puig.
Es más, Puig ha señalado durante su comparecencia que su cargo, secretario general de Interior, se limitaba a cuestiones presupuestarias y técnicas y que, por tanto, carecía de mando para dar instrucciones operativas a los Mossos.
En las últimas semanas, Lamela ha recibido informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en los que se pone de manifiesto que los agentes de los Mossos debieron recibir órdenes directas para que no interactuaran con las personas que participaban en el referéndum y para que dejaran solos a los policías y guardias civiles si éstos actuaban en los puntos de votación.
También sobre la posible manipulación de actas para que escribiesen que sí se habían impedido votaciones cuando en realidad había sido al revés, todo con el objetivo de evitar ser acusados de "poco profesionales" a sabiendas de que la investigación judicial iniciada en la Audiencia Nacional podría señalarles por un delito de sedición.
Sin embargo, la juez ha optado por imponerles medidas menos gravosas que las pedidas por la Fiscalía porque el hecho de que haya huidos en relación a estos hechos no determina "necesariamente" que vayan "a proceder de igual manera", máxime cuando han acudido a esta citación como "la mayoría de las personas que también son investigadas", y a otros investigados como Trapero no se les ha impuesto fianza.