La exconsejera de Hacienda en la Junta de Andalucía -y exministra en el gobierno de Zapatero- Magdalena Álvarez ha declarado en el juicio del caso de los ERE fraudulentos que en ningún momento fue conocedora del procedimiento para la concesión de estos expedientes de regulación de empleo y que nunca recibió ningún reparo de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Imputada por prevaricación, Álvarez ha defendido que la ejecución de los presupuestos de la Junta no era su competencia.
"En diez años de consejera nunca recibí un reparo de la intervención", ha dicho a preguntas de la Fiscalía, en la misma línea en la que se defendió en la fase de instrucción cuando declaró ante la juez Mercedes Alaya. Álvarez fue consejera de Hacienda del Gobierno andaluz desde agosto de 1994 a febrero de 2004, año en el que fue nombrada ministra de Fomento en el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, del que formó parte hasta 2009.
Sin embargo, ha negado en todo momento haber tenido conocimiento de ninguna irregularidad ni de ninguna objeción sobre las transferencias de financiación, ni tampoco de las normas que empleaba la Junta para conceder las ayudas. De hecho, ha afirmado que ni sabía ni tenía por qué saber si se respetaban los procedimientos ya que la Consejería de Hacienda no tenía competencias sobre la Intervención General, la cual sólo dependía de Hacienda orgánicamente, pero con la que nunca despachó.
Así, ha alegado que "es un error" considerar que en la Consejería lo controlan "todo". Álvarez ha insistido en que su competencia sobre el presupuesto andaluz acababa en la "fase prelegislativa" y ha rechazado toda responsabilidad en cómo cada consejería ejecutaba sus programas presupuestarios.
De esta forma, ha justificado no tener conocimiento del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA a partir del cual las ayudas de los ERE comenzó a pagarlas el IFA con transferencias de financiación de Empleo, y ha dicho que "nunca" recibió ningún informe de la Intervención con "reparos" a esas transferencias ni a las modificaciones presupuestarias que se realizaban para aumentar los fondos transferidos al IFA.
Apunta a "errores" de la Intervención General del Estado
Álvarez ha apuntado varias veces a "errores" de interpretación por parte de los peritos de la Intervención General del Estado, cuyo informe es una de las pruebas claves del caso, sobre el destino que podían tener los recursos transferidos de la Consejería de Empleo al IFA.
A su juicio, los peritos han "malinterpretado" que las transferencias de financiación sólo pudieran destinarse a cubrir desequilibrios presupuestarios del IFA ya que sólo tenían ese destino los fondos "para su cuenta de explotación", pero el resto podían tener la finalidad que indicaran los presupuestos cada año.
También ha criticado la "confusión" de los peritos al identificar las transferencia de financiación, que es la "dotación de crédito de una Consejería a un ente público", con la subvención en sí que se da y paga, e incluso ha esgrimido una directriz de la Intervención General de la Administración del Estado de 1997 advirtiendo a sus peritos judiciales de que no identifiquen ambas cosas.
Las modificaciones las conocía el Parlamento andaluz
Su defensa se ha basado en que Hacienda sólo interviene en elaborar presupuestos y modificaciones que contienen esas transferencias de financiación, pero no en qué se paga con esos fondos y cómo.
Además, a preguntas de su abogado, ha subrayado que tanto las cuentas anuales como las modificaciones presupuestarias eran conocidas por el Parlamento y el Presupuesto de la Consejería de Empleo indicaba claramente una partida presupuestario para transferencias de financiación al IFA "en materia sociolaboral" cuyos diputados de todos los grupos incluso proponían aumentar.
Tras Álvarez, ha declarado el viceconsejero de Hacienda de 1990 a 2004 José Salgueiro -que la sustituyó al frente de la Consejería dos meses-, quien ha insistido en reducir las competencias de este departamento a la elaboración del presupuestos y sus modificaciones con el reparto propuesto por las consejerías sectoriales y en base a las "directrices políticas" que marcaba el Consejo de Gobierno.
Investigada por prevaricación
El juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía se ha reanudado así, tras una semana de paréntesis, con el interrogatorio a Álvarez, procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a una pena de diez años de inhabilitación, que piden para ella tanto la Fiscalía como las acusaciones populares del PP y Manos Limpias.
A diferencia de 15 de los 22 procesados en este juicio, Álvarez no está acusada de malversación, sino solo de prevaricación, como responsable de la elaboración y gestión de los presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.
Cuando estalló el caso ERE, Álvarez era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo del que dimitió en 2014, un año después de su imputación por la jueza instructora Mercedes Alaya, cuando la Audiencia de Sevilla ratificó dicha imputación.
Durante la fase de instrucción del caso, en octubre de 2013, ante la juez Mercedes Alaya, Álvarez ya declaró que "nunca" conoció los reparos que la Intervención General opuso a los expedientes de subvenciones sociolaborales. Sin embargo, al inicio de su declaración de este lunes, Álvarez, que ha rechazado contestar a las acusaciones particulares, no ha ratificado la declaración que hizo ante la juez Alaya, porque, según ella, "no se recogieron con fidelidad" sus palabras.