La dirigente de la CUP Anna Gabriel no puede ser extraditada a España, según ha asegurado este miércoles el Gobierno suizo, aún cuando el delito del que se le acusa, especifican, existiera en el Código Penal helvético en lo referente a delitos contra el estado o alta traición.
"Aún cuando el examen de una eventual solicitud de orden de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se le acusa a Anna Gabriel también fueran delito en Suiza (...) una extradición a España no sería posible", ha avanzado a Efe el portavoz del Departamento de Justicia, Folco Galli.
La declaración se ha difundido horas antes de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya dictado orden de detención nacional para Gabriel, como corresponde a los casos en los que se produce incomparencia de los citados. La dirigente de la CUP se ha refugiado en Ginebra ante el temor de no recibir un "juicio justo".
Suiza avanzó que precisaría un análisis
El Gobierno suizo, en cualquier caso, ya anticipó este martes que, "a priori", este caso parece estar ligado a delitos políticos, que en Suiza no tienen base legal y que por tanto una solicitud de extradición sería rechazada con toda probabilidad, eso sí tras un análisis exhaustivo.
La legislación suiza determina que para aceptar una petición de extradición, "por regla general", al menos una de las infracciones imputadas debe estar sancionada tanto en Suiza como en el país solicitante y dar lugar a extradición en las dos legislaciones.
Solo los crímenes contra la lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables como un secuestro de un avión o la toma de rehenes no son considerados delitos políticos.
Para Suiza, se trata de delitos políticos
Galli ha precisado este miércoles a Efe que incluso si el delito por el que se le investiga a Gabriel en España fuera igualmente considerado un delito en el Código Penal suizo tampoco sería posible su extradición.
"Existiera la correspondencia del delito en ambos países, que es una importante precondición para la extradición, pero lo decisivo aquí es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos", ha explicado el portavoz del Departamento de Justicia.
Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquel que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".
Lo mismo se aplica para quienes "derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón".
Galli ha reiterado que si el juez Llarena decidiera este miércoles cursar una orden de detención internacional o de extradición a Suiza, el Departamento de Justicia "analizaría con profundidad los hechos para verificar si las autoridades españolas acusan a Anna Gabriel de delitos políticos".
La estrategia de defensa de Gabriel
La estrategia de defensa anticipada por Anna Gabriel pasa por denunciar una persecución por motivos políticos, dado que Suiza contempla el rechazo a las peticiones de extradición si el procedimiento abierto en el extranjero "tiende a perseguir o castigar la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad".
La defensa considera que sus derechos fundamentales se verían gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente su participación en el presente procedimiento". Gabriel es la segunda integrante de la CUP citada a declarar en esta causa: la primera, la también exdiputada Mireia Boya, sí compareció ante el Supremo la semana pasada y fue puesta en libertad sin medidas cautelares.
Se trata además de la sexta investigada en esta causa que huye de la justicia después del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de cuatro de sus exconsejeros, quienes permanecen en Bélgica desde finales de octubre.