La Guardia Civil ha acreditado en un informe que la Generalitat de Cataluña se gastó como mínimo 1,5 millones de euros en el referéndum ilegal de independencia celebrado el pasado 1 de octubre y desmiente así los informes que le había remitido la administración de esta comunidad autónoma en los que acreditaba que ninguna consejería había destinado fondos públicos para el 1-O.
Así lo reflejan en el informe entregado el pasado 1 de febrero al Tribunal Supremo, que investiga a 28 personas por presunta rebelión y sedición. En el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil recuerda que ya ha acreditado un gasto en publicidad en medios de comunicación de 502.639,61 euros sin contar el IVA.
A esta cantidad añade ahora otra cercana al millón de euros (979.661,96 euros sin incluir el IVA), aunque precisa que aún está por determinar, destinada a los nombramientos de componentes de mesas electorales y tarjetas censales y añade la referencia de la empresa Unipost.
Los agentes exponen en su informe que continúan realizando gestiones para determinar el coste total del referéndum, atendiendo a otras líneas de investigación, entre las que citan las relacionadas con el papel que desarrolló el Diplocat, que dirigía el Consejero de Exteriores, Raül Romeva.
En relación con este último asunto, el informe menciona la investigación que se lleva a cabo de las transferencias realizadas por la delegación de la Generalitat en Bruselas sumando un importe de casi 140.000 euros destinadas a The Hague Center for Strategic Studieses, que "pudieran estar relacionadas" con los gastos de los observadores internacionales que envió esa empresa al 1-O.
El Instituto Armado pide al juez que cite como testigo al exrepresentante del Govern de la Generalitat en la Unión Europea Amadeu Altafaj como la persona que ordenó estas transferencias.
La Guardia Civil destaca la "opacidad" de la Generalitat
La Guardia Civil destaca en el informe la "opacidad" de la Generalitat que se ha puesto de manifiesto en la contestación al mandamiento judicial de 30 de octubre, por el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona solicitaba que se le informase de los costes económicos del referéndum ilegal.
La Asesoría Jurídica de la Generalitat respondió al Juzgado que ningún Departamento de la Generalitat de Cataluña había incurrido en coste alguno para el 1-O. Ahora, la Guardia Civil deja claro que esa respuesta "se contradice con las actuaciones que se están llevando a cabo, en las que se verifica que efectivamente si se ha producido ese coste" para las arcas públicas.
En un informe de la Guardia Civil de 172 páginas remitido al Supremo el 31 de enero, la Guardia Civil sitúa a los dirigentes de ERC Marta Rovira y Oriol Junqueras en el núcleo duro de la logística del referéndum del 1 de octubre, con Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia y de la Consellería de Economía y Hacienda, como "cerebro" a las órdenes de los dos primeros.
Jové "fue el cerebro de la logística del referéndum, pero recibiendo órdenes y despachando asuntos directamente con Marta Rovira y Oriol Junqueras". Para ello, añade el Instituto Armado, contaron con la colaboración directa de Francesc Sutrias y Natalia Garriga, en ambos casos altos cargos detenidos en la operación del 20 de septiembre por su papel dentro del Departamento de Vicepresidencia que encabezaba Oriol Junqueras.
La Guardia Civil analiza la agenda Moleskine intervenida a Jové y las llamadas telefónicas para defender que, a nivel político, "los tres responsables máximos de organizar el referéndum fueron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raúl Romeva". También insiste en el papel clave de los presidentes de la ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por ser "los encargados de agitar los movimientos sociales".