El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha impuesto una fianza de 80 millones de euros a los exdirectivos de Caixanova acusados de los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores de la entidad gallega.
La fianza marcada por el titular del juzgado de instrucción núm. 5 coincide con el supuesto deterioro ocasionado a la caja gallega por la operación decidida por el expresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, el subdirector general de la caja entre 2009 y 2010, Domingo Gonzalez, y el exdirector de la oficina principal José Benito Parente.
Fernández Gayoso, Gorriarán y Pego ya fueron condenados en 2015 a dos años de prisión por el cobro indebido de prejubilaciones cuando dirigían Novacaixagalicia.
La Fiscalía sostiene que, en otoño de 2005, Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que tenían intereses el expresidente de la entidad Guillermo Alonso y el exconsejero Fernando García del Valle, con el objetivo de "ayudar a reflotarla" dadas sus "serias dificultades económicas".
El préstamo acabó en cuentas bancarias de los accionistas
En opinión del fiscal, los máximos gestores gallegos "querían beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación" con la caja, "facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables", a pesar de contravenir los intereses de la propia Caixanova.
Para ello "se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar", fundada en 1999 por el también investigado Juan Lago -que era su administrador- para la compraventa de inmuebles y la promoción inmobiliaria.
Promalar recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y, posteriormente, otros dos: uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros.
Pero el destino de los fondos no fue reflotar la empresa, sino beneficiar a sus accionistas mediante transferencias a varias cuentas bancarias, según la Fiscalía Anticorrupción.
El daño ocasionado trascendería a los propios intereses de Caixanova, al tratarse de una entidad intervenida por el Banco de España y que ha pasado a ser administrada por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), por lo que se trata de un caso de "grave repercusión en la seguridad de la economía nacional".