El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros siete exconsellers catalanes en prisión preventiva por su participación en el proceso independentista han manifestado que acatan la aplicación del artículo 155 de la Constitución -aunque se han mostrado en desacuerdo con él- y se han comprometido a desarrollar su actividad política dentro de los cauces constitucionales, durante su comparecencia este viernes ante el Tribunal Supremo, según han explicado sus defensas.
Todos han declarado ante el juez Pablo Llarena, que les investiga por presunta rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, junto a los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Estos dos últimos, investigados por sedición, también han argumentado ante el magistrado que no existen razones para mantener contra ellos esta medida cautelar.
"Desde el momento en que todos aquellos miembros del Govern han decidido concurrir a unas elecciones democráticas es obvio que se está aceptando la situación creada tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución", ha señalado el abogado Jordi Pina, que defiende a los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull, además de representar al líder de ANC Jordi Sánchez. Esta reflexión la hizo extensiva al resto de comparecientes este viernes.
La Fiscalía ha pedido mantener a los diez investigados en prisión al entender que persisten el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. El juez no decidirá hasta el próximo lunes, por lo que han regresado a la cárcel pasadas las tres de la tarde, y allí permanecerán por lo menos hasta el día 4.
Ocho de los diez acusados -todos salvo Meritxell Borras y Jordi Cuixart- son candidatos a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, bien por ERC o bien por Junts per Catalunya, razón adicional por la que solicitan su puesta en libertad para poder hacer campaña electoral "en igualdad de condiciones" que el resto de candidatos.
Junqueras y Romeva se niegan a declarar ante la Fiscalía
En la comparecencia ante el juez, a la que acudían a petición propia y que ha durado cerca de cuatro horas, Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, se han negado a contestar este viernes a las preguntas de la Fiscalía. Sí han respondido a la Fiscalía, representada por los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, el resto de los exconsellers, Carles Mundó y Dolors Bassa, ambos de ERC; así como Meritxell Borrás, Joaquim Form, Jordi Rull y Jordi Turull, del PDeCAT.
La que más se ha extendido en su declaración ha sido Borrás, quien ha declarado durante algo más de una hora, mientras que el resto han comparecido durante unos 20 minutos. Bassa ha contestado a gran parte de las preguntas del fiscal; Borras y Forn a todas; Mundó a algunas; y Rull a todas menos a las planteadas por la acusación popular ejercida por el partido Vox.
En sus comparecencias, todos se han ceñido a sus respectivos escritos, presentados ante el juez para solicitar comparecer en defensa de su salida en libertad, en el sentido de afirmar que acataban la aplicación del artículo 155 de la Constitución que motivó su cese y de negar el riesgo de reiteración delictiva, informa Europa Press.
Acatan el 155, pero no están de acuerdo con él
En concreto, los diez investigados han rechazado el uso de la violencia y dos, Romeva y Mundó, han defendido la vía escocesa para Cataluña. Todos los comparecientes han acatado la Constitución y han destacado que es una norma flexible que se puede modificar para conseguir que se reconozca el derecho a decidir.
Los exconsellers también han asumido la aplicación del artículo 155 de la Constitución -que conllevó la intervención del Gobierno en Cataluña, el cese del Govern y la convocatoria de elecciones-, exponiendo como prueba de ello que han aceptado su cese, pero no se han mostrado de acuerdo con él.
Dolors Bassa ha sido la única que ha reconocido errores en el referéndum del 1 de octubre y también ella, a preguntas de la acusación popular, ha admitido la inconstitucionalidad de la secesión de una parte del territorio en las circunstancias que se hizo.
El exconseller de Interior Joaquim Forn ha insistido por su parte en que han revisado su estrategia política porque han entendido que había que hacer autocrítica, y Josep Rull ha querido dejar claro que no hay posibilidad de destrucción de pruebas.
Recaudando dinero para las fianzas
Oriol Junqueras y los siete exconsellers del Govern están en prisión preventiva desde el 2 de noviembre, medida que adoptó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de que la causa fuera asumida por el Supremo. Los líderes de ANC y Ómnium ingresaron en la cárcel el pasado 16 de octubre, también por orden de Lamela, en otra causa por rebelión que ha sido acumulada a la que ahora se instruye en el Supremo.
La diputada de ERC Ester Farrella anticipó a las puertas del Supremo que "está todo previsto" para pagar las eventuales fianzas, aunque se desconocen las cantidades que podría determinar el juez Llarena. También el exconsejero Francesc Homs -coordinador de las defensas de los exmandatarios de PDeCAT- ha asegurado que disponen de una caja de seguridad con una "cantidad razonable" en efectivo para hacer frente a las cantidades que se les soliciten.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tuvo que depositar 150.000 euros para salir de la cárcel, mientras que en el caso del exconseller Santi Vila, el juez decretó su libertad bajo una fianza de 50.000 euros.