El juez del caso Lezo ha puesto una fianza de 100.000 euros a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II, para que pueda salir de la prisión en la que permanece desde el 21 de abril.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha producido a petición de la defensa de Rodríguez Sobrino y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe solicitando que se mantuviese la prisión incondicional para el investigado.
El juez considera ahora "inexistente" el peligro de fuga que se apreció en su día respecto del investigado, al que le ha impuesto una fianza bastante inferior a la que fijó la semana pasada para Ignacio González, quien salió de prisión el 8 de noviembre tras pagar 400.000 euros con la ayuda de once fiadores.
Con la salida de González de la cárcel, Rodríguez Sobrino se convirtió en el único de los investigados en este caso de corrupción en el Canal de Isabel II que continúa en prisión incondicional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cree igualmente que tampoco hay peligro de destrucción de pruebas, además de tener en cuenta la colaboración del empresario con la justicia al haber señalado la existencia de "activos patrimoniales que proceden indiciariamente de las arcas públicas procedentes de comisiones ilegales" que se habrían repartido los integrantes de la trama.
En la cúpula de la actividad fraudulenta del Canal de Isabel II
Los investigadores le sitúan en la dirección de una operativa defraudadora mientras presidía Inassa, la filial colombiana del Canal. Rodríguez Sobrino, que también fue consejero del diario La Razón, supuestamente colaboró en 2013 en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio por 20 millones de dólares y guardó el importe de la compra "por valor de 31 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza y Brasil", según la investigación.
Pese a esa elevada inversión, el patrimonio neto de Emissao al cierre del año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años descendió a cinco millones de dólares.
El pasado julio, Rodríguez Sobrino declaró durante cuatro horas ante el juez en un aparente cambio de estrategia en la que parece estar colaborando con la investigación. En su comparecencia, explicó temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla, y también sobre su hija, también imputada en la causa.
Los investigadores han determinado "la existencia de un extenso patrimonio" a su nombre o al de su hija, tanto dentro como fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios "de aquellos anómalos negocios".
Esta decisión del juez García Castellón coincide con la de levantar la imputación por blanqueo de manera provisional a Pablo González, padre del expresidente madrileño, al no apreciar que un trasvase de 10.000 euros entre padre e hijo revista indicios de criminalidad.