La defensa del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha solicitado este lunes que se le atenúe la pena por haber confesado hechos relevantes para la causa y por su arrepentimiento. Así lo ha dicho su abogado, Juan Carlos Navarro, quien ha adelantado que Correa seguirá colaborando en próximos juicios de la trama: "Estamos colaborando y así será en siguientes piezas, siete u ocho juicios, que aún están pendientes".
La Audiencia Nacional ha iniciado este 30 de octubre la fase de informes finales de las defensas en el juicio de la primera época de Gürtel con la intervención, entre otros, del defensor de Correa, para quien la Fiscalía pide la máxima pena respecto a cualquiera de los 37 acusados, 125 años de prisión. No obstante, el Ministerio Fiscal solicitó la semana pasada al tribunal que tenga en cuenta la declaración de Correa y le rebaje la pena.
Navarro ha pedido que se aplique al menos la misma "vara de medir" con Correa que con el "delator" en esta causa, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, para quien la Fiscalía pide seis años y cinco meses de cárcel, después de que hubiera aportado unas grabaciones de conversaciones telefónicas.
"Correa ha hecho declaraciones relevantes"
Ha añadido que a diferencia de Correa "José Luis Peñas no ha reconocido ni ha confesado nada y eliminó de las grabaciones que aportó las que le podían perjudicar y son un puro chantaje, además de que participó en la actividad delictiva que denuncia".
"Eso no es colaboración cuando impugna hasta su declaración, cuando cambia su condición de testigo a acusado", ha abundado sobre José Luis Peñas, y ha recordado que "Correa ha hecho declaraciones relevantes" para esta y otras investigaciones.
El letrado ha recordado que Correa era el empresario más joven con 22 años y que creó un grupo de empresas que ya participó en la Exposición Universal de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de Barcelona pero no para delinquir y solo se le acusa cuando tuvo de cliente al PP y, al respecto, ha pedido que no se aplique "el derecho penal al enemigo".
En este sentido ha señalado que regalos como los realizados a la exministra Ana Mato no suponen delito de cohecho sino que eran fruto de una relación personal. Sin embargo, la Fiscalía considera acreditado que Mato y el PP se beneficiaron de las comisiones que cobró Sepúlveda de Gürtel.
El abogado de Pablo Crespo: el caso arrancó para "perseguir al PP"
También ha tomado la palabra en la sesión de este lunes el abogado Miguel Durán, defensor del presunto número dos de la trama Gürtel, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Para Durán, este caso "arrancó por causas políticas" para "perseguir al Partido Popular".
Además, el defensor de Crespo ha añadido que sospecha que hay un pacto entre la Fiscalía y Francisco Correa, un "probable acuerdo aireado por la prensa hace 14 meses y que el Ministerio Público no ha desmentido, que se ha producido a espaldas de las partes y que resulta más opaco que la supuesta caja B del PP".
El letrado ha pedido la absolución de Pablo Crespo, ha negado que sea el número dos de la trama, "una jerga que el Ministerio Público debía haberse cuidado mucho de usar", y ha lamentado "la pena de banquillo" sufrida. También ha añadido que "el procedimiento desde el principio ha tenido una exacerbada politización y ha generado más portadas que la banda terrorista ETA; aquí se ha perseguido al PP y se le ha dado patadas".
Al pronunciar estas palabras el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha interrumpido a Miguel Durán para decirle: "Le ruego que no siga por ese camino y que se ciña al aspecto jurídico".
Miguel Durán ha asegurado que trata de ceñirse a los aspectos jurídicos pero ha insistido en que no se pueden desconocer "hechos de trascendencia política que se han dado y por los que ha comparecido en el juicio -como testigo- el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy". "Hay acusaciones populares con extracción muy concreta que ejercen ese oficio, tratar de meter en prisión a personas que se sienta aquí", ha manifestado.
Pese a que "lo probable es que haya una sentencia condenatoria porque en realidad hay condena de opinión pública y publicada en una causa como esta", para el abogado de Crespo el caso debió cerrarse cuando fue apartado de la carrera judicial Baltasar Garzón, uno de los primeros instructores de la causa, por autorizar unas grabaciones a acusados en la cárcel vulnerando el derecho de defensa.