Los discursos sobre la eventual independencia de Cataluña están plagados de cifras económicas antes del 1 de octubre. Los partidarios de la secesión manejan sus números sobre el enorme coste que tiene pertenecer a España y los grandes beneficios que Cataluña obtendría si se separa del resto de España. Por su parte, los contrarios a esa ruptura aportan unas cuentas bien distintas en las que las pérdidas superarían con mucho a las ganancias. Y ambas partes se acusan mutuamente de falsear los datos.
Aunque es evidente que la hipotética ruptura afectaría tanto a Cataluña como al resto de España, los cálculos concretos sobre el impacto son imposibles debido a la incertidumbre sobre lo que sucedería si llega a consumarse. Uno de los factores que afectaría enormemente al resultado es si la separación fuera pactada, algo que ninguna de las partes cree posible con la actual tensión política y las condiciones en las que se ha convocado el referéndum.
“Esas cifras entretienen el debate, pero no se cumplirían debido al tremendo impacto que tendría el cambio que se produciría”, resume a RTVE.es Joan Llorach, ingeniero industrial, máster en Administración de Empresas en el Massachusetts Institute of Technology y coautor de Las cuentas y los cuentos de la independencia junto a Josep Borrell.
Cómo obtendría el nuevo gobierno financiación para pagar nóminas, pensiones y servicios públicos catalanes, qué harían las empresas establecidas en Cataluña, cuánto le costaría al nuevo país comprar y vender bienes y servicios en el exterior, con cuánta deuda nacería, qué pasaría con las infraestructuras públicas radicadas allí... Ésas son algunas de las cuestiones abiertas que condicionarían el efecto económico real de la hipotética ruptura y para las que cada una de las partes ofrece respuestas muy dispares.
Impacto en el PIB catalán
Cataluña concentra, según datos del INE, casi un 19% de la capacidad de producción de España (211.819 millones de euros de PIB en 2016) y el 16% de la población (7,41 millones de habitantes), con lo que la riqueza per cápita es superior a la media del país.
Cuenta con algo menos de población que Suiza, un tamaño parecido al de Bélgica y un PIB similar al de Finlandia. Sobre el papel, podría sobrevivir como Estado independiente, pero muchos economistas advierten de que, en la práctica, encontraría muchos problemas económicos porque la ruptura con el resto de España tendría serias consecuencias, especialmente a corto plazo.
Un informe reciente de Credit Suisse señala que, sin tener en cuenta la huida de capitales o los costes de adoptar nueva moneda y crear nuevas estructuras estatales, Cataluña perdería el 20% de su PIB y quedaría por debajo de la renta per cápita del resto de España.
“Con la caída del 7% en el PIB de España provocada por la crisis económica, el paro se cuadriplicó, la deuda se triplicó, subieron con fuerza los impuestos y se redujo el gasto público, con el consiguiente perjuicio al Estado del bienestar. Con un desplome del 20%, el daño sería mucho peor”, advierte Almudena Semur, coordinadora del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), a RTVE.es.
Frente a eso, uno de los colectivos académicos que defienden el derecho a decidir de los catalanes, el Col.lectiu Wilson, está convencido de que la independencia “tendría consecuencias económicas claramente positivas a medio y largo plazo”.
En un documento publicado en su web, especifica que la independencia, “en primer lugar, eliminaría un déficit fiscal muy grande y persistente. Este déficit es el que obliga a la Generalitat de Cataluña a endeudarse para hacer frente a sus obligaciones de gasto. En segundo lugar, capacitaría el Gobierno de Cataluña para poder tomar decisiones estratégicas clave que afectan al potencial productivo y al bienestar de sus ciudadanos”.
Un nuevo golpe para la economía española
En cuanto a España, un estudio del HSBC considera que, “sin la aportación de Cataluña, la economía española será levemente superior a la de Países Bajos”. Así, continúa, España pasaría de la quinta a la sexta posición por PIB de la UE al perder 411.210 millones de euros anuales, según los datos de 2016 que maneja el banco inglés.
"La independencia debilitaría la fortaleza de la economía española", apunta la agencia de calificación Moody’s, que revisará el próximo 20 de octubre la calificación creditica de España.
Un directivo del Banco de España reconoció este jueves por primera vez que la tensión política en Cataluña es un "elemento de incertidumbre", un riesgo que, si llega agravarse, podría afectar a la confianza de los agentes y a la financiación.
El director de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, subrayó que la previsión de crecimiento del Banco de España "no incorpora ningún efecto" de la situación en Cataluña, pero apuntó que, normalmente, "donde primero se notan estas tensiones es en la prima de riesgo" y, posteriormente, en los tipos de interés que pagan hogares y empresas.
De hecho, Barclays señala que la incertidumbre vivida en los últimos meses ya ha repercutido en las rentabilidades de los bonos españoles, algo que niega el ministro de Economía, Luis de Guindos.
“El impacto es inexistente”, ha indicado el ministro el pasado 18 de septiembre. Aseguró que la secesión “es tan irracional que ni los inversores, ni los mercados de capitales ni mis colegas del Ecofin consideran que sea un escenario mínimamente viable y aceptable, y por lo tanto, no lo incorporan a sus cálculos”.
Sin embargo, la inquietud de los mercados va creciendo según se aproxima la fecha del 1-O. El mayor banco de EE.UU., JP Morgan, ha recomendado a los inversores que vendan los bonos de deuda española y los sustituyan por los de Portugal y Alemania. En un informe reciente, esta entidad adelanta que el riesgo se contagiará a la deuda corporativa, como la de Gas Natural, Repsol o Iberdrola.
¿Dentro o fuera de la UE?
La Unión Europea es clave en el alcance que tendría la separación. Mientras los economistas pro-independencia aseguran que no hay ninguna razón jurídica ni económica para que no pueda continuar como miembro del club europeo y que su salida respondería únicamente a motivos políticos, los contrarios a la secesión recuerdan que, con los Tratados europeos en la mano, sería imposible que no saliera de la UE.
Aunque en teoría podría volver en un plazo más o menos breve, parece muy difícil que se lograse la unanimidad exigida para la admisión de un nuevo miembro, ya que España y otros países podrían vetarlo.
“Esta salida y la inevitable incertidumbre sobre la duración de ese plazo [para su regreso] resulta determinante para que los costes económicos de la secesión pasen de ser muy elevados a ser desorbitados”, estima José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos en un análisis publicado por ese foro.
Aunque mantuviera el euro como moneda, al estar fuera de la eurozona esa divisa sería extranjera en Cataluña: sus autoridades no podrían influir en los tipos de interés ni en los tipos de cambio, lo que encarecería las exportaciones catalanas y reduciría su competitividad.
Al salir de la UE, y mientras se aclarase su status, perdería los fondos estructurales y de inversión, y los bancos con sede en Cataluña quedarían fuera del mercado interbancario europeo, por lo que el BCE dejaría de inyectarles liquidez. De hecho, tanto Caixabank como Banco Sabadell ya han anunciado que trasladarían sus sedes fuera de Cataluña para seguir dentro del sistema monetario europeo.
Además, a juicio de Joan Llorach, “Europa tiene muy claro que no puede sentar el precedente de una región rica que se separa con el argumento de que paga más de lo que debe y le sale gratis. Detrás vendría el Véneto italiano, el Flandes belga o la Bavaria alemana”. En ese sentido, opina, el Brexit –la salida de Reino Unido de la UE- puede servir de muestra del comportamiento del club europeo ante un proceso de independencia.
Planes alternativos de los independentistas
No piensa lo mismo el Col.lectiu Wilson, que asegura que la UE estaría interesada en conservar a Cataluña como miembro.
“Se podría establecer un acuerdo monetario como el que tienen Mónaco y otros microestados, pero adaptado a las circunstancias específicas del caso catalán. Este acuerdo debería garantizar plenamente la estabilidad financiera, en interés de todas las partes, incluida la española, teniendo en cuenta que Cataluña representa una parte muy importante del mercado de varias entidades financieras sistemáticas (sic) y la acumulación de grandes cantidades de deuda pública del Estado Español por parte de estas entidades en los últimos años”, indica este grupo de economistas.
Como alternativa, estos profesores señalan que Cataluña podría quedar formalmente fuera de la UE “transitoriamente, pero estableciendo un acuerdo que garantice la continuidad de las relaciones económicas, financieras y monetarias durante la transición”.
Desde el pro-independentista Cercle Catalá de Negocis, su presidente Albert Pont va más allá y, en una entrevista con RTVE.es, apunta hacia alternativas como la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés, que agrupa Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein), que permite a sus miembros eludir aranceles con la UE.
Caída de las ventas exteriores
La salida de la UE –aunque fuera transitoria- impactaría seriamente en el comercio de Cataluña.
La patronal catalana, Foment del Treball, augura una fuerte caída de las exportaciones e importaciones tanto con España como con el resto de Europa.
El banco ING reitera que la salida de la UE “supondría la imposición de aranceles y el incremento de los costes administrativos de las compañías”. El establecimiento de aranceles - deduce la entidad holandesa- también frenaría las compras de empresas españolas en Cataluña, que buscarían proveedores en otras zonas debido al encarecimiento de los productos catalanes.
Según el economista José Luis Feito, “la mayor caída de las exportaciones de Cataluña y la fuente principal de caída de su PIB residiría en el descenso de sus exportaciones a lo que hoy es el resto de España. Esta caída obedecería no sólo al boicot que el resto de España haría a las compras de bienes y servicios procedentes de Cataluña, sino a lo que los economistas denominan `efectos frontera´ inherentes a la creación de un nuevo Estado” y relativos a la imposición de aranceles.
Los economistas no independentistas calculan que la caída de las ventas de Cataluña al resto de España no sería inferior al 50%, lo que causaría un retroceso del PIB catalán del 10%.
“A esta caída habría que añadir la pérdida de las exportaciones al resto del mundo ocasionada por la salida de la UE y del mercado único europeo, así como la deslocalización de empresas multinacionales o del resto de España que operan en Cataluña”, lo que elevaría la caída del PIB hasta un 20%, resume el economista del IEE.
El `boicot´ a Cataluña no sería significativo, según los separatistas
En el extremo opuesto, los economistas pro-independentistas creen que el boicot no sería significativo porque prevalecería el interés económico sobre el emocional y que, de producirse, sería transitorio y afectaría sólo a los bienes de consumo, que suponen un tercio de las exportaciones catalanas al resto de España.
Además, quienes aseguran que Cataluña seguiría dentro de la UE, defienden que la caída de las ventas al resto de España se compensaría por un aumento de las exportaciones de Cataluña a la UE y al resto del mundo, ya que se reducirían precios y salarios para conseguirlo.
Así, el Col.lectiu Wilson rebaja a tan sólo un 1% la reducción del PIB catalán derivada del impacto de la independencia en el comercio.
Por su parte, Albert Pont señala a RTVE.es que “el peso de las exportaciones catalanas a España ya se ha ido reduciendo respecto al peso de las exportaciones del resto del mundo como consecuencia de la crisis económica española, ya que ante la debilidad de la demanda, los productores catalanes han buscado otros mercados que han compensado la caída de las ventas en España y en los que han descubierto que obtienen mejores márgenes”.
Según recalca José Luis Feito, “estos estudios pro-independentistas adolecen del defecto fundamental de pensar que Cataluña seguiría en la UE o en el Espacio Económico Europeo (EEE), de modo que las empresas multinacionales (que suponen cerca del 60% de las exportaciones totales de Cataluña) seguirían operando todas en el nuevo país con la misma intensidad que lo hacen en la actualidad”.
Cómo se financiaría el nuevo Estado
El déficit fiscal con España (diferencia entre los ingresos que obtiene Cataluña, principalmente mediante impuestos, y el gasto público que recibe) es el principal argumento de los independentistas para asegurar la viabilidad en la financiación del nuevo Estado.
Aseguran que el dinero que ahora entregan a España y que no se reinvierte en Cataluña –una cantidad que, según ellos, equivale cada año al 8,5% de su PIB- les permitiría crear nuevos puestos de trabajo y financiar las estructuras estatales y los servicios públicos.
El empresario independentista y experto en sucesión de Estados Albert Pont calcula que Cataluña pasaría de tener 30.000 millones de euros de presupuesto a disponer de 80.000 millones, aunque reconoce que el período de transición será “problemático, sobre todo, porque se trataría de una secesión no pactada”.
“Se buscarían fuentes alternativas de financiación como créditos-puente, subastas o privatización de activos patrimoniales como aeropuertos, red eléctrica o puertos”, explica Pont, quien precisa: “Pero no creemos que fuera necesario privatizar nada, ya que un crédito-puente serviría de colchón para las necesidades que pueda haber en los primeros 6-8 meses. Estaría disponible por tramos de 10.000 millones y a lo mejor no se necesitaría todo porque los ingresos previstos cubrirían la financiación”.
Sin embargo, el déficit fiscal de Cataluña manejado por otros economistas es mucho menor. Llorach remite a un informe de la propia Consellería de Economía, que cifra ese déficit en 428 millones de euros.
“Con el incremento del coste que tendría por asumir todas las competencias, montar estructuras de tributos, de Defensa –porque quieren entrar en la OTAN-, ese margen no sería suficiente, aunque sólo fuera por efecto de las economías de escala”, señala Joan Llorach a RTVE.es.
Por su parte, José Luis Feito recuerda en los informes del IEE que el cálculo de la Generalitat esgrimido por los independentistas “no recoge la parte alícuota de los gastos en bienes públicos nacionales que lleva a cabo el Estado Central y que una Cataluña independiente tendría que pagar por sí misma y, además, por un monto mucho mayor. Ni tampoco refleja el aumento de gasto público que ocasionaría la crisis económica de la independencia”.
El problema de la deuda pública
La deuda pública es otra de las magnitudes que condicionaría el hipotético nacimiento de una Cataluña independiente.
En marzo de este año, esa deuda sumaba 75.443 millones de euros (de ellos, casi 60.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, prestados por el Estado para garantizar el pago a proveedores), según datos del Banco de España, y era la más alta de todas las autonomías españolas.
El problema es que esa deuda no recoge la generada por administraciones y servicios públicos comunes con el resto de España, por lo que la cuantía final que debería asumir un hipotético Estado catalán es un misterio en el que caben muchas interpretaciones.
Los economistas contra la ruptura creen que debería asumir la deuda correspondiente a la parte de PIB que representa Cataluña dentro de España (18,7%), lo que supondría unos 200.000 millones de deuda pública, casi el 100% del PIB catalán.
Sin embargo, los defensores de la independencia creen que esa cantidad debe decidirse tras una negociación sobre activos y pasivos.
En un estudio, Esquerra Republicana de Catalunya cifraba en 85.000 millones el máximo de deuda con la que se quedaría el nuevo país y tenía en cuenta que pasarían a control catalán unos 58.000 millones de euros en activos patrimoniales.
"Si España no reconoce a Cataluña, tendrá que pagar su deuda"
Según explica a RTVE.es Albert Pont, “todos los activos del Estado en territorio catalán –aeropuertos, puertos, centrales nucleares, red eléctrica y otras infraestructuras y bienes patrimoniales- pasarían al nuevo Estado sin negociación ni contraprestaciones. Se asumirían las deudas pendientes de esos activos y el pago a proveedores y asalariados, pero no el gasto previo que han supuesto a España”.
Además, este empresario advierte que los cálculos independentistas parten de que la deuda generada con España por el FLA “va a dejarse de pagar, va a quedar en suspenso hasta la negociación sobre activos y pasivos”.
“Según el FMI, el impago de deudas entre entidades del mismo Estado no supone entrar en quiebra, así que, mientras España no reconozca la independencia, Cataluña seguirá siendo parte de España y no habrá quiebra”, subraya Pont.
Este soberanista añade que, “si no hay negociación, si no hay reconocimiento de Cataluña, el Estado está obligado a seguir pagando la deuda catalana”. Un argumento que aplica para otro punto esencial: el pago de las pensiones.
Qué pasaría con las pensiones
Cataluña cuenta en la actualidad con 1,7 millones de pensionistas y, si se observan los datos autonómicos, el sistema registra déficit porque las cotizaciones actuales en ese territorio no cubren las pensiones que hay que pagar a quienes trabajaron y cotizaron en esa región.
En este punto, los economistas partidarios de la independencia tampoco se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Oriol Amat asegura que la Seguridad Social catalana nacería con un superávit de hasta 24.000 millones de euros gracias a las aportaciones de trabajadores generadas entre 1995 y 2011.
Pero el Cercle Catalá de Negocis reconoce que el sistema de pensiones sería deficitario al principio (33 euros de déficit por habitante), pero con el tiempo, alcanzaría un superávit cercano a 1.000 millones de euros.
Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en Cataluña cotizan algo más de 3 millones de personas (3,2 millones, según los datos del último mes de agosto), lo que supone el 17,74% del total de toda España. En el otro lado de la ecuación aparecen 1,7 millones de personas que cobran su pensión en Cataluña -lo que supone un 17,82% del total español-, pero cuya pensión media es muy superior a la media del conjunto de España (958,97 euros al mes en Cataluña frente a 923,23 euros mensuales en el conjunto español).
Así, la sostenibilidad del sistema de pensiones catalán es puesta en duda por la mayoría de los informes económicos de institutos y entidades financieras, que destacan que, además, los ingresos a la Seguridad Social crecen en la actualidad menos en Cataluña que en el resto de España.
Más allá de las guerras de cifras, hay muchos interrogantes en el tema de las pensiones, como qué ocurre con las personas que han cotizado una parte de su vida en un territorio y otra en otro, o qué pasaría cuando alguien que ha cotizado toda su vida laboral en Cataluña se vuelve a su comunidad de origen.
Albert Pont señala a RTVE.es que la concreción de qué gasto se heredaría debería decidirse en una negociación, pero opina que, por ejemplo, “el pago de pensiones a los cotizantes previos a la independencia que se vayan de Cataluña debería asumirlo España”.
Pero, sobre ese mismo caso, Joan Llorach defiende que ese gasto debería pagarlo Cataluña y menciona que el actual secretario de Hacienda catalán ha reconocido que el que cobra las cotizaciones en un territorio es quien debe abonar las pensiones de los que cotizan en esa región.
¿Salida de empresas de Cataluña?
Además de las diferencias entre los distintos cálculos, también hay que tener en cuenta que los ingresos por impuestos podrían bajar si se produce el traslado de empresas fuera de Cataluña.
Según el pro-independentista Cercle Catalá de Negocis, ha sido la “política centralista del Estado español” la que ha causado la salida de compañías y la independencia frenaría esa tendencia. “Podríamos competir en igualdad de condiciones, permitiéndonos maximizar nuestras ventajas competitivas. Sólo en este escenario podremos atraer e incentivar la localización de empresas”, señala ese foro soberanista.
“Los procesos de secesión suelen generar muchas oportunidades de negocio”, argumenta el Cercle, y “es la permanencia en España la que frena la recepción de inversiones internacionales”, ya que ofrecen “excesivos incentivos a las empresas que se instalen en Madrid”, como la adjudicación de contratos estatales o la obtención de ayudas públicas.
Sin embargo, numerosas asociaciones empresariales tanto catalanas - Foment del Treball o Empresaris de Catalunya- como del conjunto de España –CEOE, ATA o Cepyme- han advertido de la creciente preocupación en multitud de empresas, grandes y pequeñas, ante el avance del denominado procès y las incertidumbres que provoca.
Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, ha revelado el aumento de las consultas sobre el contexto que provocaría la eventual independencia. “Es el caso de empresas que firman contratos mercantiles, comerciales, de compra de maquinaria, de servicios, de bienes de equipo, de productos… que, en caso de que el marco jurídico cambiara, esos contratos quedarían completamente anulados”, ha indicado.
Preocupación por la inseguridad jurídica
En cuanto a las compañías extranjeras y multinacionales, asociaciones como las Cámaras de Comercio de Francia y Alemania en España han alertado de la preocupación de sus miembros ante la inestabilidad e inseguridad jurídica.
Más concreto se ha mostrado el presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, Jaime Malet, quien ha advertido del riesgo de que Cataluña pierda la sede social de "muchas empresas" si la Generalitat construye "una realidad paralela" a la legalidad española tras el referéndum del 1 de octubre.
Malet ha explicado que "muchas compañías" tienen "preparados" planes de contingencia para cambiar las sedes sociales de sus compañías desde Cataluña a otras partes de España en función de lo que suceda ese día. Aunque da por sentado que la independencia no se producirá, Malet destaca que "el problema puede empezar el día que se intente construir una realidad paralela a la que tenemos".
"Todavía las estructuras que desde el punto independentista tienen que sustituir a las estructuras del Estado español no están funcionando. El día en que un empresario reciba una carta que diga que las retenciones del IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y las pensiones se tienen que pagar tanto en un lado como en otro habrá muchísimos empresarios, pero no americanos, sino de todo tipo, que lo tienen además preparado, que deslocalizarán sus sedes sociales y se irán a Madrid, a Bilbao, a Sevilla o adonde sea", ha advertido.