La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto actuaciones previas de investigación para averiguar si ha habido un acceso ilícito a bases de datos estatales para el censo electoral catalán que pretenden usar los impulsores del referéndum del 1-O. Mientras, en el marco de las medidas de supervisión del Gobierno para garantizar que no se destinan fondos públicos al referéndum, Hacienda va a controlar los pagos con tarjeta de crédito que hagan los altos cargos de la Generalitat.
Las actuaciones de la AEPD sobre el censo se han producido después de que la agencia haya recibido una denuncia de un ciudadano, que ha llevado a que este organismo solicitara información a diversas entidades, como el INE o la Agencia Tributaria, sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos en Cataluña.
Según un comunicado de la AEPD, los hechos denunciados podrían implicar la existencia de conductas contrarias a la Ley Orgánica de Protección de Datos en relación con ficheros y tratamientos sometidos a la competencia de este organismo.
Los censos, competencia de la Junta Electoral Central
La AEPD ha traslado la denuncia a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a la que ha remitido también un informe, que analiza la ausencia de base legal para la utilización de determinados datos, y ha pedido a la agencia catalana que le comunique la información que pueda recabar como consecuencia de la tramitación de la denuncia remitida y, en particular, la relacionada con el origen de los datos.
La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central.
Esta oficina, que está encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, actualiza el censo todos los meses con la información recibida de oficio por los ayuntamientos, oficinas consulares o encargados del Registro Civil, pero es una información que solo está disponible a nivel interno y no se facilita a ningún organismo.
El proceso para elaborar el listado para unas elecciones concretas no se inicia hasta que la convocatoria de las mismas sale publicada en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Posible procedencia de los datos del censo
Según la AEPD, en principio no resulta posible conocer cuál es la fuente de la que proceden los datos del censo para el referéndum, pero hay una serie de bases que los separatistas podrían haber utilizado.
En el extenso informe que ha remitido a la agencia catalana, la AEPD recuerda que la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y actualmente regulado en España por ley orgánica de 1999 (LOPD), que establece sanciones que van desde los 900 a 40.000 euros para las sanciones leves y de 300.001 a 600.000 para las consideradas muy graves.
Los ficheros electorales se someten a su legislación específica, conformada por la Ley de Régimen Electoral (LOREG), que contempla también como delito electoral incumplir las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral.
Por ello, la Agencia de Protección de Datos avisa de que si la Generalidad de Cataluña ha elaborado un censo para el 1-O supondría una tratamiento de datos contrario a la LOPD y contravendría varios autos del Tribunal Constitucional en contra del referéndum.
En caso de que haya utilizado la copia del censo electoral facilitada por la Oficina del Censo electoral para los comicios autonómicos de 2015 iría contra los principios de finalidad, exactitud y conservación establecidos en la LOPD.
Hacienda controlará los pagos con tarjeta de crédito de altos cargos
Mientras, las medidas del Gobierno para garantizar que la Generalitat no destina fondos públicos al referéndum incluyen, según han confirmado fuentes del Gobierno, el control de los pagos con tarjeta de crédito que realicen los altos cargos de la Generalitat con las tarjetas oficiales, dentro de las medidas de supervisión para evitar ningún pago a favor de la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre.
Técnicos de Hacienda se han reunido este lunes con representantes de la banca española para explicarles las medidas de control del gasto de la Generalitat aprobadas el pasado viernes por el Ejecutivo, ha informado el Ministerio a esta agencia.
El Gobierno quiere dar a los bancos los detalles sobre su decisión de que no colaboren con "actividades ilegales" y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. El control debe llegar a todos los pagos que se realicen desde esas cuentas bancarias e incluye así los asociados a las tarjetas de crédito de los altos cargos.
Según han detallado fuentes de Hacienda, se ha tratado de una reunión a nivel técnico para explicar el procedimiento que deberán seguir las entidades bancarias en caso de que detecten irregularidades.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene hasta primera hora de este martes para adoptar y comunicar el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria que le ha impuesto el Ministerio de Hacienda y para el que le dio un plazo de 48 horas, que empezó a correr el sábado cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la medida.
Si en las escasas 24 horas que le quedan Puigdemont no acata la orden, será el ministro Cristóbal Montoro el que adopte ese acuerdo y se lo comunique a la intervención catalana.