Las patronales CEOE y Cepyme han enviado este martes a los sindicatos su última oferta de subida salarial para 2017 cuyo suelo ha elevado dos décimas respecto a la anterior, lo que supondría una banda de entre el 1,2% y el 2%, más otro medio punto adicional en función de las características de cada empresa o sector. Esta nueva propuesta se queda aún lejos de las demandas de los sindicatos CCOO y UGT, que solicitan un incremento de entre el 1,8% y el 3%.
Además, la patronal ha vuelto a insistir en que no acepta incluir la cláusula de garantía salarial vinculada a la inflación y asegura que "no tiene sentido" que los sindicatos la pongan como condición definitiva y fundamental para llegar a un pacto, según consta en el documento remitido a UGT y CCOO.
Además, la patronal apunta que esta cláusula "ha ido desapareciendo en los últimos años desde el 47,4% del total de los convenios en 2010 hasta por debajo del 20% con datos provisionales en 2016". "Los incrementos salariales deben venir por la productividad, la competitividad y la mejora de los márgenes empresariales. Ya nunca más tendrá nada que ver con la inflación", añade el escrito al que han tenido acceso Efe y Servimedia.
No obstante, la patronal dice que es consciente de que de cara a la negociación después del verano de un nuevo acuerdo de negociación colectiva para 2018 y siguientes será necesario "abordar conjuntamente una especial mejora de los salarios más bajos mediante distintos mecanismos que estamos dispuestos a recomendar", algo que ya avanzó este mismo mes Juan Rosell, presidente de CEOE.
En este sentido reconoce que los márgenes empresariales vuelven a crecer, como refleja la recaudación del Impuesto de Sociedades, y entiende que los resultados positivos deben repercutirse en los salarios "en una justa correspondencia", si bien señala que todavía tienen "grandes dificultades" las empresas más pequeñas y los empresarios individuales.
Por otra parte, asegura que antes de final de año hay que llegar a acuerdos "que ya llegan muy tarde" sobre temas que podrían afectar positivamente a la competitividad de las empresas. Entre ellos se encuentran el Consejo de Negociación Colectiva, el arbitraje, la formación, la modernización de las normas laborales que se consideren oportunas, una nueva ley de prevención de riesgos laborales, la financiación de los sindicatos, las mutuas, las pensiones, la Seguridad Social y los servicios de empleo.