El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado el ingreso en prisión para el fundador y máximo accionista del Grupo Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset, por su presunta implicación en el fraude en la liquidación de la empresa tecnológica.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión sin fianza para Dolset por su implicación en los hechos. El empresario fue detenido este jueves en un operativo conjunto entre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto con otras siete personas.
Todos ellos han pasado a disposición judicial este viernes si bien se han negado a declarar, según fuentes de la investigación. El presunto cabecilla ha aclarado, después de que Anticorrupción haya solicitado prisión incondicional para él, que está arruinado y que todas sus ganancias las invirtió en el grupo investigado, por lo que en estos momentos solo dispone de 110.000 euros en una cuenta bancaria.
Sin embargo los fiscales del caso, Carlos Yáñez y José Grinda, alegan que el presunto cabecilla sí dispone de patrimonio, en concreto de 101 millones de dólares en Panamá.
Un perjuicio patrimonial de más de cien millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 100 millones de euros el perjuicio patrimonial que pudo generar el fraude de subvenciones del grupo tecnológico Zed Worldwide. "En este momento procesal resulta difícil cuantificar con exactitud el perjuicio patrimonial derivado directamente del delito de insolvencia punible, si bien indiciariamente se puede afirmar que dicho perjuicio puede superar los 100 millones de euros", señala la Fiscalía en la querella, a la que ha tenido acceso Efe.
Dicha querella está dirigida contra 19 personas, entre ellas el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, y en ella el Ministerio Público considera que "la conducta de los querellados tiene todos los ingredientes de una conducta defraudadora respecto de los accionistas y acreedores de Zed".
La operación contra este grupo tecnológico se centra en la concesión supuestamente irregular de créditos blandos por parte del Gobierno entre 2010 y 2015. Según la Fiscalía, generaron un perjuicio "millonario" que se proyectaría "directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones".
Y apunta a que el en caso de los organismos públicos, existe una "deuda pendiente de pago por importe de 28.426.732,72 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas (no sujetas a devolución)".
Dolset sostiene que Casals se embolsó 2,1 millones
El fundador de Zed, según consta en la querella de Anticorrupción, sostiene que el presidente de La Razón llegó a embolsarse 2,1 millones de euros por sus labores de mediación en la consecución de ayudas públicas para la empresa, cuyo cobro camuflaba bajo contratos de campañas de publicidad en los medios de comunicación que controla.
Los fiscales aseguran que han encontrado indicios objetivos de que Audiovisual Española 2000 SL, editora de La Razón, cobró estas cantidades "sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique su pago".
Además, Dolset afirma que Casals, hombre fuerte del Grupo Planeta, propietaria del 25% de las acciones de Zed, le amenazó con publicar informaciones negativas sobre él en los medios de comunicación bajo su control si daba cuenta a las autoridades policiales o judiciales de ilícitos en la Editorial Planeta.