El Supremo de Venezuela ha emitido este miércoles una sentencia que señala que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones de fiscal.
Según el Supremo, la Defensoría del Pueblo "puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras".
Esta decisión se produce después de que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, haya cuestionado la actuación de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que ha emprendido recursos legales sobre actuaciones del chavismo como la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Carta Magna.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofreciendo declaraciones a periodistas el pasado 13 de junio de 2017, en Caracas (Venezuela). Miguel Gutiérrez
Por su parte, Ortega Díaz ha denunciado este miércoles que hay un "proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público" y ha asegurado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pretende hacer con su institución lo mismo que hizo con el Parlamento, aunque ha reconocido que continuará con sus funciones.
"Lo que el TSJ hizo con la Asamblea Nacional ahora lo quiere hacer con el MP, es decir, continuamos en la ruptura del orden constitucional", ha dicho Ortega Díaz en rueda de prensa en referencia a la sentencia del Supremo que consideró que el defensor del pueblo puede tener algunas de las competencias de la Fiscalía.
Un defensor del pueblo con potestad de fiscal
Se señala, además, que la Defensoría tiene la potestad de estar presente "en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio".
Se indica que el defensor "ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos" y que "en el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas".
La decisión se produce dos semanas después de que Saab solicitara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclarar las competencias del organismo que él dirige para participar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía por casos de supuestas violaciones de derechos humanos.
El defensor consideró, al introducir el recurso, que es una "cualidad inherente" de la Defensoría del Pueblo "investigar las violaciones de derechos humanos" y aseguró que ha habido "una interpretación libre" de la Constitución por parte de la Fiscalía, que, en ocasiones, ha impedido la participación de la institución.
Una fiscal controvertida
La fiscal general venezolana Luisa Ortega ha adquirido protagonismo estos últimos meses y especialmente tras el recrudecimiento de las protestas opositoras antichavistas, iniciadas el 1 de abril pasado y que han dejado 76 muertos y más de un millar de heridos. Este lunes han alcanzado un punto crítico tras el ataque con granadas realizado contra el Supremo por un helicóptero tripulado por policías antichavistas.
La fiscal ha reiterado que la acción penal es una competencia exclusiva del Ministerio Público y, con base en ello, ha desmentido versiones del Ejecutivo sobre el origen de algunos de los hechos violentos suscitados en medio de las protestas y ha criticado la intervención de tribunales militares en estos sucesos.
Un punto de inflexión fueron sus opiniones sobre la dudosa legalidad de las estrategias del presidente Nicolás Maduro para manejar el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que comenzaron tras asumir su círculo el control del Tribunal Supremo de Venezuela. Precisamente, haciendo uso de sentencias emitidas por esta instancia, ha impulsado el proceso de renovación de la Constitución mencionado arriba para redefinir competencias, movimiento criticado y recurrido por Ortega.
A mediados de junio, el diputado chavista Pedro Carreño solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la prohibición de salida de Venezuela de la fiscal general, además de la congelación cautelar de sus bienes. Las medidas que son parte de una petición presentada ante el TSJ para que inicie el proceso de destitución de la titular del Ministerio Público y determine si hay razones para llevarla a juicio.