Dos funcionarios de prisiones para 170 internos. Con módulos de 100 celdas que doblan su capacidad. Y el no reconocimiento de estos trabajadores como autoridad pública, funcionarios que están expuestos a posibles agresiones por parte de los internos.
Dicen los sindicatos que reconocerlos por ley significaría mayor respeto por parte del interno cuando hay una situación de conflicto y la presunción de veracidad como funcionarios públicos, además de la conciencia de que tendría consecuencias penales para ellos.
Las agresiones de internos a funcionarios, la última ayer en tenerife II, no han aumentado en número, pero sí en intensidad.
Otra petición, no hay régimen cerrado para presos de primer grado y hay que esperar hasta su traslado a península. No existe en la actualidad una linea regular para el traslado de esos internos conflictivos, tienen que albergarlos, a veces meses, en centros sin las condiciones y con el consiguiente riesgo para la seguridad