El acuerdo bilateral sellado hoy en la capital extremeña está abierto a que se sumen otros gobiernos autonómicos y nace de unas premisas básicas: que el Estado dote con recursos suficientes los servicios públicos que prestan las administraciones regionales y que éstos sean iguales y de calidad para todos los ciudadanos, independientemente del territorio nacional donde se viva. Los consejeros extremeño y valenciano creen que la próxima reforma de un sistema de financiación autonómica que se ha mostrado insuficiente, debe blindar el estado de bienestar en España.