El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO. han firmado este miércoles la convocatoria de una oferta de empleo público extraordinaria para el trienio 2017-2019 que permitirá convertir en fijas hasta un máximo del 90% de las plazas interinas, en sanidad, educación, justicia, servicios sociales o policía local.
El objetivo de esta oferta, ligada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, es reducir la temporalidad del 25% al 8% y reforzar la estabilidad de las plantillas -la tasa de temporalidad es del 30% en sanidad, del 25% en la administración de justicia y del 20% en la enseñanza no universitaria, según el Ejecutivo-.
Sin embargo hay que señalar que no habrá creación neta de empleo: es decir, que las plazas que se ofertan son las que están ocupando ahora interinos. De hecho el Ministerio destaca que en las convocatorias se respetarán "los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad". Y señala que el acuerdo está "dentro de los límites y reglas de gasto establecidos", lo que implica que no habrá más gasto.
Como resultado de este proceso, según el Gobierno, se podría llegar a un total aproximado de 250.000 plazas consolidadas, de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564). Los sindicatos consideran que la cifra será superior a esas 250.000 plazas.
En concreto, para CC.OO. este acuerdo podría afectar a entre 270.000 y 300.000 plazas interinas, la mayor parte ubicadas en el ámbito de la sanidad (hasta 147.000), seguida de la educación (hasta 109.289), justicia (hasta 11.379), servicios sociales (15.180), policía local (hasta 1.000) y el resto de sectores (hasta 15.000).
Horas antes de la firma, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Hacienda, el presidente de CSIF, Miguel Borra, que lo cuantifica en el entorno de los 250.000 empleos, ha afirmado en una entrevista concedida a la Cadena Ser que los sectores donde saldrán más puestos de trabajo en esta convocatoria extraordinaria serán sanidad (unos 130.000) y educación no universitaria (alrededor de 100.000).
Oferta ordinaria de empleo para 2017: entre 67.000 y 100.000 plazas
Por otra parte, se llevará a cabo una oferta ordinaria de empleo público en la que, según los sindicatos, saldrán otras 100.000 plazas destinadas a cubrir las bajas que surjan este año 2017 por diversos motivos (fundamentalmente jubilaciones). El Ministerio de Hacienda, sin embargo, rebaja esta cifra "teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016" a unas 67.000 plazas: "19.000 plazas en la Administración General del Estado, 28.144 plazas en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales".
En esta convocatoria se cubrirá gracias a que habrá una tasa de reposición del personal para este año del 100% en los sectores considerados como prioritarios: sanidad, educación, justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal y laboral, prevención y extinción de incendios y políticas activas de empleo.
Por primera vez desde la crisis, también se consideran prioritarios atención a la ciudadanía en los servicios públicos (Servicios de Empleo, Seguridad Social, DGT, oficinas del DNI, IMSERSO), prestación directa del transporte público y seguridad y emergencias. Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal. En el resto de los ámbitos, la tasa de reposición será del 50%.
Montoro: lo importante no es el acuerdo, es materializarlo
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado que desde el Gobierno hacen una apuesta por la "dignificación" de la Función Pública y de los servicios públicos, que "tienen que ser una prioridad esta legislatura", ya que sin la mejora de este aspecto no habrá una recuperación "completa". Así, ha subrayado que lo importante "no ese el acuerdo", sino "materializarlo", en referencia a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Además, Montoro ha confirmado que el Gobierno aprobará un real decreto ley para facilitar la oferta de empleo público en los ámbitos más urgentes, como el de la educación. Así, ha agradecido la "disposición" de los sindicatos para el acuerdo, lo que constituye un "gran referente" y un "gran ejemplo" para la sociedad española, y ha mostrado la "mejor disposición" del Gobierno para que haya continuidad en la negociación en diferentes ámbitos.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Miguel Borra, que ha calificado esta convocatoria como "la mayor oferta de empleo público de la Democracia", ha valorado de forma positiva el acuerdo, "que permitirá acceder a un trabajo estable a decenas de miles de personas en toda España y permite reforzar las plantillas después de años de recortes".
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha valorado el acuerdo por incluir "una cifra desconocida en España" en un periodo en el que no se han convocado plazas de función pública, según recoge Efe. En su opinión, el Gobierno y el conjunto de las administraciones han llegado a la conclusión de que la precariedad de este personal era "insoportable", por lo que ese empleo público se va a convertir en indefinido.
El área pública de CC.OO. , por su parte, cree que la "histórica" oferta de empleo público supone un avance para acabar con el abuso en la contratación en las administraciones públicas, pero que "faltan muchas más medidas" para acabar con él. Así lo ha señalado el sindicato en un comunicado, recogido por Europa Press.
Los sindicatos, en contra de la subida del 1% propuesta por el Gobierno
En materia salarial, el titular de Hacienda ha mostrado su deseo de que el acuerdo suscrito para la mejora del empleo con los sindicatos se extienda también al tema salarial. "Inmediatamente entraremos en la negociación de otros ámbitos, el primero el retributivo, para que tenga sus consecuencias ya en los PGE de 2018", una vez está "encauzada" la reducción del déficit público, ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press.
En esta línea, ha apuntado que el Gobierno aprobará a finales de junio el techo de gasto para 2018. "No tenemos mucho tiempo, tenemos que ponernos a ello, manos a la obra", ha insistido Montoro, quien ha dicho tener la vista puesta en el horizonte de los Presupuestos de 2018 en el aspecto de la retribución salarial.
Por su parte, los sindicatos han mostrado su rechazo total a la propuesta de subida salarial del 1% para 2017. Desde CSIF, consideran que esta subida aumentará aún más la pérdida de poder adquisitivo que el sector lleva arrastrando desde 2010, por lo que reclama "que se recupere al menos la estructura salarial previa a la bajada salarial de 2010". Borra ha anunciado que desde este jueves iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
Para el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, la subida del 1% salarial planteada por el Ejecutivo significaría una nueva pérdida de poder adquisitivo para este año, por lo que ha ofrecido un pacto de legislatura en materia de empleo público. "Celebramos de muy buena gana este acuerdo, pero hay muchas materias que están por resolver", ha añadido.
El secretario general de FSC-CC.OO. , Javier Jiménez, ha mostrado su disconformidad con la propuesta de subida salarial del 1%, por lo que ha emplazado a seguir negociando para lograr mejoras en este aspecto y otros derechos de los funcionarios.