La Policía Nacional ha detenido a 30 personas en una operación en la que se ha investigado a 39 empresas radicadas en varias provincias españolas por presuntamente defraudar más de 10,5 millones de euros a la Seguridad Social mediante el impago sistemático de cuotas y el cobro indebido de prestaciones.
Entre los implicados en el presunto fraude, que asciende a a 10.597.837 euros, se encuentran los administradores de las mercantiles y varias personas que colaboraron en el fraude, según informa la Dirección General de la Policía, que añade que al margen de los arrestados se han investigado a otras 27 personas.
Las investigaciones comenzaron el pasado junio tras ser detectadas irregularidades en varias empresas ubicadas en Murcia, Almería, Soria, Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Alicante, Sevilla, Lugo, Badajoz, Cáceres y Valencia.
Hasta la fecha, los investigadores han esclarecido 10 delitos contra la seguridad social, 17 delitos de fraude de subvenciones, 4 delitos de frustración en la ejecución, 26 delitos de falsedades documentales, 4 delitos contra los derechos de los trabajadores, un delito de malversación de caudales públicos y otro de pertenencia a organización criminal.
Impago sistemático de contizaciones y contratos "ficticios"
En total, 39 mercantiles han sido investigadas por el impago sistemático de las cotizaciones a la Seguridad Social tanto de las cuotas correspondientes a sus trabajadores como en las que le corresponde abonar a la propia empresa, afirma el comunicado.
Al mismo tiempo, se ha constatado la nula voluntad de los empresarios en negociar con la Seguridad Social el pago de dichas obligaciones solicitando aplazamientos o fraccionamientos de pago, así como las incomparecencias sistemáticas de los responsables de dichas empresas a los distintos requerimientos y citaciones ante las distintas Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.
Además, en alguna de estas empresas se ha detectado cómo habían sido dadas de alta varias personas, sin que realmente hubiese habido una relación real y efectiva con las empresas, y que dichas altas "ficticias" se llevaron a cabo con la finalidad de cobrar, por parte de trabajadores, la prestación por desempleo.