El decreto de liberalización de la estiba ha sido rechazado en el Congreso de los Diputados, con 175 votos en contra y la abstención de 33 diputados entre los que se encontraba el grupo de Ciudadanos, produciendo una situación casi inédita en la democracia española con el rechazo de un decreto ley y un aviso de lo que puede ser la presente legislatura con un gobierno en minoría.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha defendido un decreto, que modifica la actual regulación del trabajo portuario de manipulación de mercancías condenada por una sentencia europea, delimitado por la Comisión Europea y ante una "inminente" segunda condena que elevaría la multa por la no adaptación de la normativa desde 2014 a 134.000 euros diarios.
El decreto que se presentó el pasado 2 de febrero contó desde el principio con el rechazo de los trabajadores, agrupados casi exclusimamente en la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), y de los partidos políticos de la oposición, que, en su gran mayoría, ha acusado al gobierno de hacer "trampas" en la negociación y de querer precarizar el sector.
Ciudadanos se abstiene y pide más tiempo para negociar
En las últimas horas, el Gobierno había tomado aliento, a una semana de que se cumpla el plazo de convalidación y en la víspera de la votación, con un repentino apoyo de Ciudadanos al que pretendía sumar los votos de PNV, Foro Asturias y UPN. Definitivamente, el Partido Popular ha sumado solo 142 votos.
Sin embargo, unos minutos antes de que comenzase el Pleno, el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, avanzó que su partido se abstendría, con lo que se acababan las perspectivas de que no se rechazase el decreto ley, una situación que se da por tercera vez en la historia y por segunda sin que medie un error.
Ciudadanos, ya en la tribuna, ha justificado su abstención en que el Gobierno tenía que dar más margen a la negociación, aunque ha aplaudido la propuesta que presentó horas antes a los representantes jurídicos de estibadores y patronal Anesco, finalmente rechazada por las partes.
En opinión de su portavoz en el debate, Fernando Navarro, ese documento "está en el buen camino" porque garantiza la subrogación de los empleos y la cobertura de los que no sean subrogados. La formación naranja ha destacado sobre todo que el Gobierno acuda a la negociación, lo que para el partido de Albert Rivera era una condición imprescindible para darle el apoyo.
De la Serna ha querido insistir en que el gobierno ha agotado la negociación "con 20 o 30 encuentros" desde la sentencia de 2014, en que es obligatorio liberalizar el sector y en que se ha debatido con los demás partidos, que según el ministro, han colaborado y no han puesto ninguna objección al decreto.
Los partidos han dado fuerza a los sindicatos, según el ministro
Sin embargo, el ministro de Fomento ha acusado a los partidos de crear un "bucle endiablado" anunciado su negativa a apoyar la convalidación, que ha derivado en que los sindicatos se sientan con fuerza para no hacer concesiones en la negociación.
Como primer obstáculo a la negociación, no obstante, ha señalado las huelgas encubiertas que han hecho caer la productividad y que, De la Serna, da por constatado.
El portavoz del Partido Popular en el debate, Miguel Barrachina, ha sido más duro en la defensa del decreto, acusando al resto de partidos a abocar al Reino de España a costear una multa que van a pagar los españoles. Además se ha referido a los estibadores como trabajadores que ganaron de media 109.000 euros brutos en 2015 sin ninguna titulación superior y que mantienen una situación de monopolio e incluso de discriminación en puertos como Algeciras, donde no hay ninguna mujer entre los 1.600 trabajadores.
En este punto es donde ha afeado a Podemos que se hagan fotos con el brazalete morado -color que apoya la igualdad de género- y luego apoyen a estibadores que presentan situaciones como las de Algeciras. La acusación ha producido un rifirrafe durante el que Pablo Iglesias ha abandonado el escaño y que ha acabado con los portavoces Irene Montero y Rafael Hernando acusándose de "matonismos" y "amenazas".
Podemos pide el cese de De la Serna o el secretario de Estado
Antes, Unidos Podemos había tomado la palabra para cargar duramente con la gestión del conflicto y ha pedido al presidente del Gobierno el cese del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, o del secretario de Estado de Infrasestructuras, Julio Gómez-Pomar, al que han vinculado a los intereses de PwC, que en su opinión está detrás de esta liberalización, desde su etapa de responsable de Renfe.
Entre los aplausos de varios estibadores sentados en la tribuna del Congreso, el diputado Félix Alonso ha señalado que a su grupo le preocupa la irresponsabilidad y la manera de entender el mundo laboral del ministro y sostenía el 'no' que ha mantenido siempre su grupo - aunque Íñigo Errejón se haya abstenido en la votación por error-.
Alonso ha criticado la forma en la que el Gobierno ha intentado estos días lograr apoyos al decreto "cambiando cromos" con algunas formaciones políticas y "dejándose caer" ayer a última hora en una reunión técnica entre los asesores jurídicos de los estibadores y la patronal, a sabiendas de que, sin la presencia de los representantes sindicales y empresariales, no se iba a lograr nada.
PSOE pide diálogo al Gobierno y a los sindicatos que no hagan paros
El PSOE ha destacado también esta "trampa" y ha pedido al Gobierno que se siente a negociar con la patronal y los estibadores "desde mañana". También ha instado a los trabajadores a desconvocar las próximas huelgas, con el fin de que "no den justificaciones a nadie".
Muy duros han sido también los dos diputados de partidos canarios, Pedro Quevedo y Ana Oramas, con la estrategia del Gobierno y han lamentado que se quiera precarizar el sector con mentiras.
La representante de Coalición Canaria ha destacado que los salarios de los trabajadores los pagan multinacionales que hacen mucho dinero con los puertos, después de jornadas que no paran ni de noche ni en turnos festivos.
Oramas también ha destacado que el rechazo del decreto ley manda un mensaje a Bruselas de independencia y de que las desregulaciones no se imponen por la puerta de atrás, sin el acuerdo de trabajadores y empresarios.
Ha destacado también que la comisaria europea que advirtió en el 6 de marzo en el Congreso de las consencuencias de no regular el sector de la estiba no se pronunció sobre la subrogación de los trabajadores, algo que según el Gobierno quedaba en el ámbito de la negociación colectiva y no del decreto.