Renault, participada en un 20% por el Estado francés, habría utilizado durante más de 25 años "estrategias fraudulentas" para distorsionar las pruebas de homologacion de los motores diésel y gasolina de algunos de sus vehículos en las que estaría implicado "todo el equipo de dirección", según un informe del Servicio de Control de Fraudes francés recogido por la agencia France Press que ha sido desmentido por la marca.
En dicho documento, que se centra en los modelos más recientes con motores diésel Euro 5 y 6 homologados a partir de 2009 y había sido adelantado durante la mañana por el diario Libération, el organismo dependiente del Ministerio de Economía galo sospecha que el fabricante de automóviles habría desarrollado un software "destinado a distorsionar los resultados de las pruebas de emisiones" con el objetivo de cumplir las normas vigentes.
No obstante, según ha apuntado la agencia, los testimonios de un empleado recogidos en el informe revelarían que estas prácticas se remontan a 1990.
"Razones suficientes para la sospecha"
Según el técnico, que abandonó la empresa en 1997, "varios vehículos fueron equipados con dispositivos de detección de ciclo" que permitían identificar si el motor estaba en condiciones de pasar los test de emisiones y, en caso negativo, adaptar su funcionamiento para que cumpliese con la normativa.
Esta declaración, unida a las diferencias significativas entre el rendimiento de los motores de algunos vehículos en su homologación en el laboratorio y su utilización en condiciones reales que el informe pone de manifiesto, dan a la oficina antifraude francesa "razones suficientes para la sospecha".
En particular, según la información recogida por France Press, los modelos Renault Captur y Clio IV excederían el umbral de emisiones de dióxido de carbono reglamentario en un 377% y un 305%, respectivamente.
Implicación de toda la directiva
Las manipulaciones, que según el exempleado responderían a una preocupación por las emisiones de los motores de la primera generación del modelo Clio en 1990, eran conocidas por "todo el equipo de dirección, que rendía cuentas en última instancia ante su director general Carlos Ghosn".
De este modo, el Servicio de Control de Fraudes, cuyos descubrimientos contribuyeron a la apertura de una investigación judicial el pasado 12 de enero por "engaño en los controles efectiados", considera a Ghosn "responsable" del presunto fraude al "no existir delegación de autoridad".
Renault desmiente el trucaje
Por su parte, el número dos de Renault, Thierry Bolloré., ha desmentido las acusaciones en declaraciones telefónicas a France Press. "Renault no hace trampa (...). Todos los vehículos han sido homologados conforme a la normativa vigente", ha señalado.
Horas antes, en un comunicado publicado a raíz del artículo de Libération, Renault ha reiterado que sus coches no van equipados con sistemas de trucaje y ha insistido en que "ninguno de sus servicios ha infringido las reglas, europeas o nacionales, relativas a la homologación".
Asimismo, ha asegurado que justificará que ha respetado la reglamentación, pero "reservará sus explicaciones a los magistrados que instruyen el caso" en París. Tras insistir en que sus vehículos "no están equipados con sistemas de fraude", la compañía ha afirmado que la investigación "plantea, entre las autoridades europeas y los Estados miembros, cuestiones de interpretación de las normas que rigen la homologación de vehículos".
Tras conocerse la noticia, las acciones de Renault se han desplomado un 3,67% en el parqué de París tras una jornada que, por lo demás, ha sido estable.