El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha emprendido, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, una nueva fase en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, pieza separada de la trama Púnica que mantiene bajo secreto.
En concreto, investiga la adjudicación de contratos de publicidad por el 1% del total de la obra en varias consejerías y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid, han informado a Efe fuentes de la investigación.
En concreto, afecta a las consejerías de Sanidad, de Transportes o en la empresa pública Nuevo Arpegio, entre otros organismos, a las que los agentes han requerido información y documentación para su análisis con el objetivo de comprobar cómo se gestionaron esos contratos.
Es por eso que el magistrado, que anunció hace meses en un auto que dispone de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exsecretario general de la formación, Francisco Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP", ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información en distintas empresas, domicilios y sedes oficiales, entre ellas la Consejería de Sanidad madrileña.
La nueva fase se inicia tras el estudio de la "ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital", que fue intervenida en los anteriores registros practicados, entre ellos el de la sede regional de la formación en la calle Génova de Madrid.
Citados a declarar
Al tiempo, el juez Eloy Velasco ha citado a declarar al extesorero del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez; al ex consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y expresidente de la Asamblea José Ignacio Echevarría, al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, que este miércoles han declarado en la Audiencia Nacional. Los tres han respondido a las preguntas formuladas sin acogerse a su derecho a no declarar.
Echeverría ha contestado a cuestiones relacionadas con su etapa como tesorero del partido regional mientras que Fernández por una donación de 70.000 euros realizada a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) y por la adjudicación de la restauración de la Asamblea de Madrid, que la Fiscalía sospecha se hizo de forma irregular.
Los tres han dejado la Audiencia Nacional sin medidas cautelares, han informado a Efe fuentes jurídicas, que han indicado que han declarado "con mucha sinceridad" ante Velasco y las fiscales del caso Carmen García y Teresa Gálvez, que no han pedido medidas para ninguno.
Según han informado fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 y las representantes del Ministerio Público practicarán en los próximos días nuevos interrogatorios.
Según ha adelantado El Independiente, los datos reclamados en la Consejería de Sanidad por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, están relacionados con el plan de infraestructuras sanitarias desarrollado en el periodo 2004 a 2007, bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre.
La agenda de Granados
En la pieza, mantiene imputados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su socio David Marjaliza. Según documentos incluidos en el sumario de la trama, Granados reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez de hasta dos millones de euros.
En esta agenda, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados registró también varios pagos efectuados por López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Parte del dinero, una cantidad millonaria, fue 'repartida' posteriormente por Granados, que la derivó al exgerente regional.
Los abonos se encuentran anotados en este documento en el que, bajo las iniciales "B.G". Gutiérrez figura como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO al presunto cabecilla de la Operación Púnica y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido.
Para ello fue clave la colaboración de David Marjaliza, investigado también en el marco de la 'Operación Púnica' por ser el hombre de confianza de Granados. Este le puso nombre a algunas iniciales y otras referencias que figuran en las anotaciones de Granados. A saber, "B.G" es Beltrán Gutiérrez y "JLM" es Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL, que dirige su suegro Juan Miguel Villar Mir. Los manuscritos es que "JLM" pagaba y otros se lo repartían, entre ellos el propio Granados a quien se identifica en las notas con la palabra "me" ("yo", en inglés).
El Consejero de Sanidad desvincula al Gobierno de Cifuentes
Por otro lado, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha señalado este miércoles que la documentación que ha requerido agentes de la UCO a su departamento no corresponde al periodo de Gobierno de Cristina Cifuentes.
Sánchez Martos ha asegurado que esa documentación "no tiene absolutamente nada que ver con el periodo de gobierno de Cristina Cifuentes" y ha asegurado que harán lo que tengan que hacer: "transparencia y buen gobierno".
"Si queremos hacer transparencia y buen gobierno tenemos que respetar a la justicia, creer en la justicia y dar todos los documentos que nos ha solicitado el juez o nos pueda solicitar en un futuro", ha señalado el consejero, quien ha afirmado desconocer si se hizo lo que dice la información porque fue en otro periodo de gobierno.
El consejero ha rechazado poner la mano en el fuego por el pasado Gobierno porque eso sería emitir un juicio de valor y él no está aquí para juzgar. "La mano en el fuego no la he puesto nunca absolutamente por nadie", ha concluido.
Aguirre se defiende
Por su parte, la expresidenta del PP de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este miércoles que no pudo ocuparse de vigilar la financiación del PP regional porque, entre otras cosas, se tenía que ocupar de construir doce hospitales públicos.
En declaraciones a los medios, Aguirre ha reaccionado así tras ser preguntada por los documentos que apuntan a una supuesta financiación irregular del PP regional, hallados en varios registros practicados en las últimas horas en el marco de la pieza secreta del caso Púnica que investiga la financiación del partido.
"Es verdad que he sido presidenta y podía haberme ocupado de la financiación, no lo hice porque había cuatro personas que se ocupaban de ello, que eran el tesorero, el secretario general, el gerente y el contable", ha dicho la expresidenta del PP regional. Y ha añadido: "Yo me tenía que ocupar entre otras cosas de construir esos 12 hospitales, los más humanizados de todos".
Precisamente, ha destacado que por no haberse ocupado de la financiación decidió "dimitir por la culpa in vigilando". "Podría haber vigilado la financiación pero no la vigilé", ha agregado.
Eso sí, la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid se ha desmarcado de la posible financiación irregular al afirmar que a ella no le constaba ni le consta ningún tipo de financiación ilegal en el PP.