Un inspector de Educación de Barcelona ha denunciado este martes en el juicio por desobediencia por mantener la consulta del 9N que la Generalitat "presionó" a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación, ante lo que recomendó a las dos escuelas bajo su competencia que no entregaran las llaves sin una orden por escrito.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se celebra este martes la segunda sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, con las primeras testificales, centradas en la apertura de colegios y en los encargos del Govern sobre las urnas y la logística de la consulta soberanista del año 2014 suspendida por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, las declaraciones han sido contradictorias entre algunos de los testigos acerca de esas supuestas presiones. La directora de un instituto avala esta declaración; otra, sin embargo lo niega, al igual que la acusada de estas presiones, la exdirectora de los Servicios Territoriales de Enseñanza.
El primer testigo en comparecer ha sido el inspector de Educación Josep Rafael A.D., adscrito al área de Barcelona-Comarcas, que ha asegurado que la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa B., que también ha declarado este martes, se resistía a entregar las llaves del centro para la consulta ya que no recibía ninguna directriz por escrito.
"Presiones" para entregar las llaves de los centros educativos
Ante esta situación, según el testigo, la directora recibió "presiones", con llamadas de los responsables de Enseñanza para que les entregara las llaves.
Finalmente, esta directora acabó entregando las llaves en los días previos a la votación porque la Generalitat le remitió un recibo, sin firma y únicamente con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad, aunque según el inspector no suponía ninguna garantía, por lo que le dijo: "Me parece que te han engañado".
También Dolores A., directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que se negó a ceder su centro para el 9N, ha asegurado que recibió órdenes de la exdirectora de los Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, para que entregara las llaves entre los días 6 y 7 de noviembre, cuando la consulta soberanista ya había sido suspendida.
El inspector también ha denunciado que, antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional -el 4 de noviembre-, Montserrat Llobet, que ha negado las "coacciones", convocó dos reuniones con directores de institutos, donde se les "forzó" para que cedieran los centros para la votación, sin darles instrucciones por escrito.
El testigo ha explicado que envió un informe al inspector jefe, Francesc Güell, aunque para denunciar estas supuestas "irregularidades", si bien no recibió ningún tipo de respuesta.
Reunión para preparar el 9N
A preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el inspector ha señalado que la directora de Enseñanza de Barcelona-Comarcas había convocado por correo electrónico el 16 de octubre una reunión con directores de instituto para hablar de la jornada del 9N, en la que, detallaba, "algunos institutos serán sede".
Ante esta convocatoria, el inspector se reunió con los directores de los centros que estaban bajo su responsabilidad, el Pompeu Fabra y el Isaac Albéniz, ambos de Badalona, para que solicitaran órdenes por escrito.
Al día siguiente de la reunión, el inspector se reunión con la directora del Pompeu Fabra, que le explicó que algunos directores habían pedido en la reunión instrucciones por escrito y que Llobet se negó, alegando, según la responsable del centro de Badalona: "Si os lo digo yo, no necesitáis ninguna instrucción por escrito".
Según el inspector, se trató de una situación "irregular" ya que se "forzaba" a los directores de centros a hacer una cosa que "no estaba clara: ceder los locales sin saber muy bien cómo".
Posteriormente, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta, este inspector remitió un escrito a las dos directoras en las que, de forma taxativa, les advertía de que no podían permitir el uso del instituto para la votación si no recibían instrucciones concretas por escrito.
De los dos centros que llevaba este inspector, el Isaac Albéniz abrió sus puertas porque había voluntarios para hacerlo, mientras que la directora del Pompeu Fabra "se resistía un poco" a entregar las llaves, pese a que recibió "presiones", con llamadas de los responsables de los servicios territoriales, según el testigo.
Educación instó a los inspectores a no intervenir en el 9N
Después ha sido el turno de Jesús Rul, inspector de Educación que tiene bajo su responsabilidad varios centros de la provincia de Barcelona, que ha explicado que el 21 de octubre de 2014, días antes de que se celebrara el 9N, tuvo lugar una reunión de la Inspección Territorial del Departamento de Educación de Barcelona y Comarcas en la que el inspector jefe indicó a sus subalternos que se "abstuvieran de intervenir" en relación con el 9N.
Pese a las indicaciones que recibió de su superior, Francesc Güell, Rul decidió enviar una carta con fecha de 28 de octubre a los directores de instituto de su demarcación para "asesorarles" sobre el uso de los institutos en la jornada de votación del 9N y aconsejarles que pidieran las instrucciones por escrito.
"El escrito lo hice de oficio, fue una decisión personal de asesoramiento, de supervisión de las funciones que tengo asignadas", ha afirmado el inspector de Educación. El inspector ha confesado que sintió "preocupación" ante los preparativos para celebrar el 9N, porque en esta ocasión la administración estaba funcionando con un procedimiento "muy atípico" respecto a lo que es habitual.
"Buscaban colaboracionismo"
Según el testigo, en relación con la consulta "había un interés en que los inspectores colaboraran con lo que decían sus superiores jerárquicos", de forma que facilitaran la entrega de las llaves de los institutos que debían acoger las urnas: "buscaban colaboracionismo", ha añadido.
Seis meses después de la consulta independentista, y tras "meditarlo" en profundidad, el testigo se reunió con Caridad Ramos, responsable de la Alta Inspección de Educación dependiente del Ministerio, por considerar que como funcionario tenía la obligación de poner en su conocimiento las indicaciones que los directores habían recibido.
"¿Qué perseguía con eso?", ha preguntado Jordi Pina, abogado de la exconsellera Irene Rigau, a lo que el testigo ha contestado: "Muy simple, colaborar con la justicia".
Según el testigo, directores de centros educativos de su responsabilidad le manifestaron su "inquietud" por el hecho de que Educaciones les pidiera de forma exclusivamente "verbal" que cedieran los institutos como sedes de la votación, porque esa "forma de proceder no era la habitual". Ante esa "inquietud", el inspector ha precisado que indicó a los directores de institutos que pidieran "por escrito" las indicaciones para ceder los centros.
La exdirectora de Enseñanza niega "coacciones"
A la hora de dar su versión, la exdirectora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Barcelona, Montserrat Llobet, ha negado que hubiera "coacciones" a directores de institutos para ceder sus centros para la consulta soberanista.
En su declaración, en la que en varias ocasiones ha buscado con su mirada a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, Llobet ha negado coacciones a los directores de instituto en su zona, en la que solo un centro de Badalona mostró reticencias a entregar las llaves y otro de L'Hospitalet -el IES Pedraforca- se negó a hacerlo, en referencia a la testigo Dolores A, por lo que la llamó en vísperas de la consulta, aunque asegura que no la coaccionó y que la directora de este instituto no sufrió posteriormente "ninguna represalia".
Finalmente, se optó por dejar este centro fuera de los puntos de votación de la consulta porque, a cambio de entregar las llaves, exigían un recibo que, según su versión, quería entregar a la entonces delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.
La testigo, que se ha mostrado evasiva y que ha pedido en varias ocasiones que el fiscal Emilio Sánchez Ulled le repitiera las preguntas alegando que no las entendía, ha asegurado que no consideró necesario dar ninguna instrucción por escrito sobre el papel de los centros durante la votación, pese a la inquietud de algunos directores, que se lo reclamaban.
"No les dijimos lo que tenían que hacer, sólo les dijimos que la Generalitat podía disponer de sus institutos para ser sede de la votación", ha remarcado Llobet.