La Junta de Extremadura estaba elaborando un nuevo decreto para la admisión de alumnos en centros escolares, para mejorar el actual en aspectos como la conciliación de la vida laboral y familiar, los límites de renta o los puntos por discapacidad, entre otros.
La Abogacía del Gobierno autonómico informa sobre la legalidad el nuevo decreto, pero el dictamen que ha redactado la Comisión Jurídica señala que algunos de los planteamientos de la nueva norma no se ajustan a derecho. Ante la colisión de opiniones jurídicas y la oposición de algunas asociaciones de padres, la Consejería extremeña ha decidido cancelar el nuevo decreto. Por lo tanto, la admisión de alumnos para el próximo curso se regulará por el actual decreto, aprobado en 2012.