La Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en los procedimientos penales instados por acciones de incitación al odio, según recoge el proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Gobierno.
Así, cuando la Comunidad de Madrid tenga conocimiento de un supuesto caso de discriminación, actos de intolerancia, o acciones que puedan incitar al odio, pondrá en marcha el correspondiente procedimiento sancionador. Las infracciones podrán ser leves, con multas de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 20.000; y muy graves, desde 20.001 hasta 45.000 euros. El grado dependerá de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia.
El objetivo de la ley es luchar contra cualquier forma de discriminación, acto de intolerancia y acción que incite al odio, sin distinción alguna por razón de nacimiento; origen racial, social o étnico; sexo; religión; convicción u opinión política o de cualquier otra naturaleza; cultural; idioma; edad; discapacidad; orientación o identidad sexual; enfermedad; condición de migrante, refugiado o desplazado; característica genética; situación económica; o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La nueva norma, que protege a las víctimas combinando el enfoque preventivo con el reparador, se aplicará en los ámbitos de educación, sanidad, servicios sociales, empleo, acceso a bienes y servicios, deporte, cultura, acceso a espacios públicos, medios de comunicación y redes sociales.
La Ley recoge también la creación de un Observatorio para la Igualdad de Trato y la Protección de la Dignidad de la Persona, que vigilará las acciones que inciten al odio, la discriminación y la intolerancia. Este Observatorio proporcionará informaciones objetivas y comparables sobre las conductas y hechos que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que supongan una forma de discriminación o de acciones que inciten al odio por razón de las causas previstas en la ley, con el fin de proponer la adopción de medidas y acciones específicas.
En cuanto al Protocolo de Atención a las Víctimas, contemplará una atención especializada y multidisciplinar para las víctimas de agresiones y de acciones que inciten al odio. La Comunidad les prestará una atención integral real, que comprenderá el asesoramiento, la asistencia (en especial la sanitaria) y las medidas sociales tendentes a facilitar su recuperación integral.
Además, se creará un punto de información, que será coordinado por la Oficina de Atención al Ciudadano, para realizar una atención integral y personalizada, y se establecerán convenios o programas con entidades sociales especializadas para atender a las víctimas.