Ignacio Huertas y Maximiano Alcón permanecen en prisión preventiva por un presunto fraude en subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. La organización agraria confiaba en que quedaran al menos en libertad con cargos, pero la Audiencia confirma la decisión que tomó, el mes pasado, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida. La Guardia Civil considera que los imputados pusieron en marcha un entramado para desviar subvenciones al sistema de financiación del sindicato agrario.