La mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una moción presentada por el PSOE que pide la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. El PP, sin embargo, ha mostrado su rechazo a la medida alegando que es una norma necesaria para hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista mientras que Ciudadanos ha anunciado su abstención.
"Es una ley garantista porque España no es Cuba ni Venezuela", ha defendido el diputado popular José Alberto Martín-Toledano, que ha recordado el nivel 4 -sobre 5- de alerta antiterrorista para sostener que no es posible derogar esta ley, que sus detractores bautizaron como 'Ley Mordaza' y que fue aprobada con el voto favorable del PP y de UPN.
No obstante, Martín-Toledano ha reiterado la invitación al diálogo que ya lanzó a la oposición la semana pasada el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para "avanzar en propuestas razonables para una política de Estado en materia de seguridad".
El PP, en cambio, sí ha respaldado otros tres de los cinco puntos de la moción del PSOE, al entender que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja para incrementar las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias, así como para reducir los robos en viviendas, reducir la siniestralidad vial o mejorar la transparencia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).
Unidos Podemos, los nacionalistas y Grupo Mixto apoyan la moción
Como era de esperar, los partidos nacionalistas, Unidos Podemos y la mayor parte de los que conforman el Grupo Mixto han mantenido la postura que ya manifestaron cuando se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015 y han apostado por una nueva normativa. Sus votos han sacado adelante la iniciativa, ya que Ciudadanos se ha abstenido.
Sin embargo, la formación naranja ha apoyado los otro cuatro puntos de la propuesta: la ampliación de las plantillas en Prisiones, Policía y Guardia Civil; la mejora de los CIE; la adopción de medidas para reducir la siniestralidad vial y los robos en el campo y en los domicilios; y la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar en casos extraordinarios. Este último, rechazado por los populares.
El PSOE ya había anunciado que no iba a aceptar enmiendas para poder votar su iniciativa original punto por punto y así forzar a los demás grupos de la oposición a 'retratarse' en cada asunto.
Podemos y PSOE piden prohibir cortes de luz por pobreza sobrevenida
En otro orden de cosas, Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha recabado este martes el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat para presentar en el Pleno del Congreso un texto conjunto sobre la pobreza energética en la que se insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energéticos a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales.
La enmienda transaccional firmada por los grupos mencionados también llama a impulsar una "tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta", que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) -estimados en más de 3.500 millones de euros-, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa.
Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad, gas y agua, exige a las compañías a publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.
Una revisión de la amnistía fiscal de 2012
Asimismo, este martes el Pleno del Congreso también ha aprobado instar al Gobierno a realizar una revisión de la amnistía fiscal de 2012, para que los beneficiados tributen al tipo del 10% y no al del 3% de media que abonaron. La moción, derivada de una iniciativa presentada por Ciudadanos y que recoge aportaciones de Unidos Podemos, ha contado con el respaldo de toda la Cámara a excepción del Partido Popular, que ha decidido abstenerse.
El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha defendido a moción y ha asegurado que una amnistía fiscal es "siempre una mala idea", para agregar que antes de pedir un solo euro de más a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones hay que hacer que los amnistiados paguen lo que deben.
En la moción se pide revisar la regularización, anular las instrucciones internas y obligar a la Dirección General de la Agencia Tributaria a realizar con carácter de urgencia las comprobaciones inspectoras antes del citado miércoles 30 de noviembre, día en el que concluye el pazo para que prescriba la posibilidad de abrir una investigación.
Ciudadanos ha aceptado la incorporación de varias enmiendas de Podemos, entre las que se encontraba una para remitir urgentemente a los órganos judiciales todos aquellos casos de contribuyentes acogidos a los procesos de regularización de 2012 que presenten indicios de blanqueo de capitales antes de que prescriban dichos delitos.