Doce personas han sido identificadas como supuestas autoras de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua y se cree que pertenecerían al "Movimiento OSPA", que dinamiza la campaña de la izquierda abertzale "Alde Hemendik" (Fuera de Aquí) contra la Guardia Civil y la Policía Foral.
Tres de los identificados, Joskin Unamuno Gokoetxea, Adur Ramírez de Alda y Edurne Martínez Arrese serían los principales "promotores" del movimiento "Ospa Mugimendua" en Alsasua, "en el que estarían integrados el resto de investigados", según indica la juez: Aratza Urrizola, Hulem Gocoechea, Jon Ander Cob, Iñaki Abab, Oihan Arnanz, Aitor Calleiras, Ainara Urquijo, Aritz Urdangarín y Nahia Bengoetxea.
Las doce personas aparecen en un auto notificado este jueves en el que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, tras recibir los informes al respecto de la Guardia Civil y de la Policía Foral de Navarra, reclama la inhibición al Juzgado número 3 de instrucción de Pamplona, si bien este juzgado ha acordado ya inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
La juez, apoyándose en el atestado de la Guardia Civil, explica que el movimiento "Alde Hemendik", que dinamiza "OSPA", fue promovido por las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía, Jarrai, Haika y Segi, "persistiendo en la actualidad a través de plataformas populares vinculadas al entorno abertzale radical" que convocan actos de protestas, manifestaciones, y elaboran carteles o pintadas, contando "con apoyo de Bildu, Sortu y Ernai".
Lamela fundamenta su petición de inhibición en que los hechos pueden ser enmarcados en un delitos de terrorismo, al entender que las agresiones "constituyen graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generar una grave alteración para la paz pública", según reza el auto.
Los agresores conocían con anterioridad su condición de guardias civiles
La juez incorpora los atestados de la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra, en los que se describe los sucedido aquella noche y se identifica a los supuestos agresores, quienes, según señala la magistrada, "conocían con anterioridad la condición de guardia civiles del teniente y el sargento, siendo ésta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados".
Estos hechos, a juicio de Lamela, pueden constituir un delito de terrorismo con relación a la actividad de los denunciados, "teniendo en cuenta el ámbito en el que tuvieron lugar y las circunstancias que los rodearon".
Según la magistrada nos encontramos ante la comisión de un "delito grave" contra la integridad física, que fue cometido con la finalidad de "alterar la paz pública o contribuir a tal fin, atemorizando a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias, especialmente a la Guardia Civil, a fin de que abandonen los territorios del País vasco y de Navarra", remarca la juez.
El objetivo -sigue la juez- fue, por tanto, "despertar la inquietud y el desasosiego" y perturbar el "pacífico y normal desarrollo de la libertad" en actividades "tan cotidianas como tomarse algo en un bar".
También añade Lamela que entre los planes del colectivo a través de la citada campaña está "influir de forma negativa en la calidad de vida de los agentes y hacerles sentir objetivo continuo de grupúsculos violentos".