Un informe de la Defensora del Pueblo de Sudáfrica publicado este miércoles implica al presidente del país, Jacob Zuma, en actividades ilegales para la concesión de contratos públicos a una familia de empresarios con la que mantiene amistad, una revelación que ha coincidido con una multitudinaria manifestación en Pretoria para exigir su renuncia al cargo.
El documento, que ordena la apertura de una investigación en un plazo de 30 días, ha salido a la luz después de que Zuma retirara el recurso que presentó ante la Justicia para evitar su difusión, ante la presión popular por los casos de corrupción.
La Defensora del Pueblo recopila numerosas denuncias de maniobras del presidente y varios ministros y cargos públicos sudafricanos para garantizar que los Gupta, una familia de empresarios procedentes de India, accedieran a lucrativos contratos en minería, armamento o transportes. La compañía eléctrica nacional Eskom, la armamentística Denel y la de transportes Transnet son algunas de las empresas públicas implicadas en lo que ha venido a llamarse en Sudáfrica la "captura del Estado" por parte de los Gupta.
El informe recoge el testimonio del viceministro de Finanzas, Mcebisi Jonas, que cuenta con todo detalle cómo uno de los tres hermanos Gupta le ofreció, en presencia de Zuma, ser titular de Finanzas poco antes del cese de su entonces jefe, Nhlanhla Nene.
Manifestación contra el presidente de Sudáfrica en Pretoria. REUTERS
Influencia sobre los ministros de Zuma
La Defensora del Pueblo saliente y autora de este documento, Thuli Madonsela, ofrece información también del registro del teléfono móvil de quien finalmente sustituyó a Nene, Des van Rooyen, que revelan que este, quien estuvo apenas unos días en el cargo tras desplomarse el rand con la destitución de Nene, visitó la residencia de los Gupta en Johannesburgo hasta en siete ocasiones en la semana previa a su nombramiento.
Desde el teléfono de Van Rooyen -desplazado al Ministerio de Asuntos Tradicionales y Gobernación, donde sigue- se efectuaron durante esos días numerosas llamadas a la residencia de los Gupta, según los datos recogidos en el informe. Con la misma frecuencia se comunicaban, de acuerdo con datos de las compañías telefónicas, los Gupta y Brian Molefe, presidente de la eléctrica Eskom, que ha concedido a las empresas de los hermanos jugosos dividendos por la provisión de carbón.
Otro testimonio clave es el de la exparlamentaria del Congreso Nacional Africano (CNA) Vytjie Mentor, quien denuncia que los Gupta le plantearon ser ministra de Administraciones Públicas, con la condición de que cancelara la ruta de South African Airways (SAA) a la India.
Originarios de ese país, desde donde se mudaron a Sudáfrica en 1993, los Gupta tienen una compañía de aviación, que habría retomado la ruta abandonada por SAA, y mantienen negocios con un hijo de Zuma. Además, SAA, la televisión estatal y otras empresas públicas habrían pagado irregularmente grandes cantidades de dinero al diario y las televisiones de los Gupta, que son dueños de la firma de ordenadores Sahara.
Varios manifestantes acarrean con un féretro con la imagen de Jacob Zuma en la protesta contra el presidente sudafricano celebrada en Pretoria. AFP
Protestas multitudinarias contra el presidente
La publicación del informe ha coincidido con la manifestación que ha congregado a miles de personas en las calles de Pretoria para exigir la marcha de Zuma, entre acusaciones de que está entregando el Estado a empresarios amigos y de utilizar la Fiscalía en su beneficio personal. Convocada por dos partidos opositores y una plataforma cívica recién creada bajo el nombre Save SA (Salvar Sudáfrica), la protesta ha sido una de las más multitudinarias celebradas contra Zuma hasta el momento.
De hecho, la presión popular ya llevo a que hace dos días la Fiscalía anunciara que retira su acusación de fraude contra el ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, considerado en Sudáfrica como el único miembro del Gobierno capaz de oponerse a los planes de ampliar el gasto público de Zuma.
Las manifestaciones de este miércoles estaban convocadas para apoyar a Gordhan ante lo que muchos ven como una campaña de acoso orquestada por el presidente para librarse del ministro de Finanzas, que sucedió a Van Rooynen por la presión de la comunidad empresarial.
Desde su llegada al poder en 2009, Jacob Zuma se ha visto implicado en numerosos escándalos de corrupción y el informe de la ya exdefensora del pueblo supone un duro golpe para un presidente cuya impopularidad crece en la calle y en su propio partido, donde cada vez más gente pide que se le retire la confianza.