El Parlamento de Brasil ha aprobado el nuevo cálculo de déficit fiscal presentado por el Gobierno del presidente interino, Michel Temer, lo que supone un triunfo en su primera votación en el legislativo desde que sustituyó a la jefa de Estado suspendida, Dilma Rousseff.
La propuesta de Temer, anunciada el pasado viernes y que establece el objetivo de déficit fiscal en más de 47.500 millones de dólares, se aprobó en una sesión conjunta de la Cámara de los Diputados y el Senado, que se alargó hasta la madrugada.
A petición de Temer, los legisladores oficialistas hicieron un esfuerzo para acelerar las deliberaciones, pero la sesión se prolongó porque antes de debatir el tema del déficit, por motivos de reglamento interno, se tuvieron que votar otros 24 proyectos legislativos que estaban pendientes.
El nuevo objetivo de las cuentas públicas contempla un déficit fiscal primario, antes del pago de intereses, equivalente al 2,75% del Producto Interior Bruto (PIB) para este año, una cifra histórica para Brasil.
El déficit nominal, incluyendo el pago de la deuda, ascenderá al 8,96% del PIB y la deuda pública escalará al 43,9%, una cifra considerada "insostenible" por el nuevo Gobierno.
Brasil seguirá en recesión
La alteración de la ley de presupuestos también contempla que la economía brasileña registrará este año una recesión del 3,8%, la misma cifra de contracción que el año pasado.
La aprobación de las nuevas cifras era necesaria para el Gobierno de Temer que, de lo contrario, se habría visto obligado a cumplir las metas de superávit que se había trazado el año pasado el Gobierno de Dilma Rousseff, algo prácticamente imposible teniendo en cuenta el déficit que arrastran las cuentas públicas.
Ante el agravamiento de la crisis, el Ejecutivo de Rousseff presentó el pasado marzo una propuesta para reconocer que las cuentas públicas acabarán este año en números rojos, pero el Parlamento no llegó a analizarla, porque estaba centrado en las votaciones que llevaron a la suspensión de la mandataria.
Temer anunció este martes un paquete de medidas económicas, entre las que destaca una propuesta para establecer un techo al gasto público, aunque este punto deberá ser aprobado por el Parlamento.