El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investigue al exalcalde de Móstoles y diputado autonómico del PP, Daniel Ortiz, por delitos de corrupción dentro del caso Púnica, dados los indicios de que intercedió para la concesión de un concurso público y "presionar" para adjudicar a esta empresa un contrato a cambio de comisones por 746.000 euros.
El magistrado ha elevado una exposición razonada al tribunal superior, que es el competente por ser Ortiz aforado, al haber encontrado indicios de que el exalcalde influyó para que la empresa Cofely lograra un concurso público del consistorio de Móstoles valorado en 73 millones de euros "presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde"..
El juez Velasco señala que durante su mandato "se detectaron presuntos actos de corrupción" en beneficio de Cofely "con un ánimo de lucro personal como contrapartida" de interceder para adjudicar el concurso, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434 euros por un periodo de 12 años.
En su escrito, Velasco ve indicios de delitos de fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.
Además de a Ortiz, el juez investiga al exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla y a su hermano Mario, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva, los cuales "se erigieron como intermediarios-representantes en las negociaciones del cobro de dádivas".
Conversaciones telefónicas de Ortiz como prueba
Para ilustrar sus sospechas de corrupción, el juez incluye conversaciones telefónicas entre las que destaca una que, a su juicio, "permite apreciar la participación del exalcalde Daniel Ortiz Espejo en la solicitud del pago de las comisiones acordadas, a pesar de que los investigados extreman las precauciones y en ningún momento citan su nombre".
Pese a ello, Velasco destaca una llamada entre Alejandro Utrilla y un empleado de Cofely de la que dice "se infiere que se referían al Alcalde" con el apelativo de "jefe" y en la que señalan que si Cofely "quisiera tener una atención con él, un buen momento sería" el de un Congreso que se celebró en Barcelona y del que hay constancia que entre los ponentes se encontraba Ortiz.
Las irregularidades, dice Velasco, se hicieron a cambio de mordidas "como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato", de un total de 746.000 euros en tres partidas de 240.000, 500.000 y 6.000 euros.
Ese dinero salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una simulada auditoría por importe del 2% del presupuesto de adjudicación.
Marjaliza fue conseguidor del contrato
El pago de las comisiones fue fruto de "intensas negociaciones" recogidas en intervenciones telefónicas pinchadas entre ejecutivos de la multinacional Cofely, por un lado, y los hermanos Utrilla y David Marjaliza -exsocio de Francisco Granados y cabecilla de la red Púnica-, por otro.
Marjaliza, que fue asesor comercial externo de Cofely, confesó los hechos ante el juez y detalló que actuó como conseguidor del contrato e intermedió con los cargos municipales para obtener informaciones reservadas para preparar las ofertas de la compañía, e incluso llegó a adelantar los primeros pagos de comisiones.
Estas personas fueron, según Velasco, los "destinatarios de las comisiones prometidas" y actuaron en la negociación como "representantes" de Ortiz. Por parte de Cofely, actuaron "activamente" en las negociaciones responsables del departamento Comercial, principalmente su director, Constantino Álvarez, el responsable de Mercado Público, Pedro García Pérez, así como personal del área de Operaciones y el director general de la compañía en España, Mauricio Didier.
La actuación de Ortiz
Según el juez, Ortiz recabó información de los funcionarios de cómo estaba transcurriendo la licitación del contrato, para luego dársela a Cofely y que consiguiera puntuar más que sus competidoras, Fulton y Dalkia. Presionó "especialmente" al concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, a quien llegó incluso a solicitar la interrupción del procedimiento de adjudicación.
Durante la tramitación del procedimiento, Ortiz puso en marcha "una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (...) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor".
Dicha actuación se hizo para que los cuadros técnicos de esa multinacional realizaran, "como efectivamente realizaron, un contra-informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces", con el fin de ayudar a esa empresa -Cofely España- "facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella".
El juez cree que Alejandro Utrilla burló la custodia de los documentos en poder del departamento de Contratación para introducir el informe anónimo -que en realidad había elaborado Cofely-, informe que considera fue trascendental "para evitar que Fulton resultase adjudicataria".
Para ello se basa en la declaración de una testigo que aseguró que empleadas de la limpieza del Ayuntamiento le vieron en ese departamento "en horas que no había trabajadores y dando justificaciones incongruentes de su visita".
Cifuentes: "Si hay imputación, habrá dimisión"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que si se produce finalmente la imputación del exalcalde de Móstoles y diputado autonómico Daniel Ortiz "habrá dimisión", pero ha pedido esperar a lo que decida el TSJ de Madrid.
"Si hay una imputación por corrupción habrá dimisiones pero eso todavía no se ha producido y estamos esperando a ver la decisión del TSJM", ha remarcado la dirigente popular, en aplicación del código ético del PP.
Cifuentes ha señalado que, "a diferencia de otros" partidos, el PP de Madrid mantiene una actitud de "tolerancia cero" contra la corrupción, y no transige en ningún asunto que tenga que ver con ella, "afecte a quien afecte, da igual que sea un diputado, un consejero, un director general o quien sea".