Los cuatro años de aplicación del real decreto de reforma sanitaria se han saldado, según datos del Ejecutivo, con la exclusión de la sanidad pública de unas 800.000 inmigrantes, cifra a la que asociaciones médicas y sociales suman a miles de ellos a los que, aún con derecho, se les niega la atención.
Sólo desde septiembre de 2014, la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (Reder), integrada por 300 organizaciones, ha documentado más de 2.000 casos de "sin papeles" que han visto vulnerado su derecho a la salud, incluidos menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia.
De estos casos, 541 se han producido desde agosto y entre ellos figuran 36 niños (145 desde enero de 2014), según datos de Reder que aglutina, entre otros, a Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia, la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública o Cesida.
"Y estos datos son sólo un botón de muestra", explica a Efe una portavoz de Reder, porque "nosotros llegamos adonde llegamos y no tenemos capacidad para conocer y documentar los numerosos casos de exclusión que se producen, por ejemplo, en el ámbito rural".
Reforma sanitaria del PP
En 2012 el actual gobierno aprobó un real decreto de reforma sanitaria que, entre otras medidas, incluía la retirada de la tarjeta sanitaria a todas las personas que no estuviesen regularizadas, con la excepción de embarazadas, niños y urgencias.
La norma contó con el rechazo de gran parte del ámbito sanitario, organizaciones sociales, organismos internacionales y de catorce de las diecisiete comunidades autónomas, que han ido aprobando algún tipo de medidas "paliativas" para contrarrestar sus efectos.
Este 20 de abril, el día en el que se cumplen cuatro años de la entrada en vigor del real decreto, diputados del PSOE y el PNV, así como miembros de colectivos sociales, han protestado ante las puertas del Congreso de los Diputados, portando sus tarjetas sanitarias y han denunciado la "exclusión sanitaria" de cientos de miles de personas.
"La sanidad era un derecho de ciudadanía, dejó de ser así para volver a un sistema de aseguramiento", ha denunciado el diputado portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara, Jesús María Fernández, que se ha comprometido a que, de haber un próximo Gobierno socialista, la primera medida que adoptará será recuperar esta tarjeta sanitaria.
Barreras administrativas y falta de información
Las barreras administrativas y la falta de información son, según Reder, las causas de más de la mitad de las exclusiones, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia.
Y la mayoría de los casos se han producido en los centros de salud, hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aseguran.
Los datos, recogidos por las organizaciones que integran la red, incluyen incumplimientos de la propia normativa, como demuestran, aseguran, los 36 casos de niños a quienes se les ha denegado la tarjeta sanitaria desde agosto, las 47 incidencias en urgencias -por negación de asistencia o por intento de cobro de esta- y las 28 mujeres embarazadas que no han conseguido acceso a tratamiento o seguimiento de su gestación.
Quienes sufren los efectos de esta norma son en su mayoría inmigrantes que proceden de países latinoamericanos (49%) y comunitarios (22%), seguidos de subsaharianos (13%).
Con estos datos denuncian que cuatro años después de la aprobación de la reforma "el problema sigue siendo la vigencia de esta norma arbitraria e injusta".
Las CCAA, sin capacidad de actuación
Reder advierte, además, de que las comunidades carecen de competencia para revertir la "profunda" modificación del sistema sanitario que supuso la reforma de 2012. Es decir, que no tienen competencias "para devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria arrebatado por el actual gobierno a más de 800.000 personas".
También denuncian la situación de numerosas personas en situación regular que han llegado a España en los últimos cuatro años a través de un proceso de reagrupación familiar y "se encuentran en un laberinto jurídico". Se trata, indican, de ancianas con hijos que residen legalmente en España y a las que se les deniega la tarjeta sanitaria en virtud de la reforma de 2012.
Un colectivo en el que Reder tiene identificadas a veinte personas de avanzada edad que se ha quedado "absolutamente al margen" del sistema sanitario, sin acceso a servicios "con el consiguiente sufrimiento y riesgo vital que ello conlleva".