La Corte Suprema de Brasil ha rechazado este jueves una demanda presentada por el Gobierno que pedía declarar nula parte del proceso que puede llevar a un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Con esa decisión, adoptada por ocho votos contra dos, el Supremo ha dado luz verde a un período de tres sesiones que comenzará este viernes en la Cámara de Diputados y concluirá el domingo con una votación en la que se decidirá si el proceso prosigue a la instancia definitiva del Senado.
Manifestantes protestan frente a la Corte Suprema de Brasil. AFP PHOTO / BETO BARATA
El recurso había sido presentado por la Abogacía General del Estado y podría haber interrumpido todo el proceso, pero los magistrados negaron uno a uno los puntos de la demanda.
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, denunció lo que calificó de "vicios" que, en su opinión, dejaban el proceso "herido de muerte".
El punto principal pedía declarar "nulo" el informe aprobado por una comisión de 65 diputados que examinó si existen méritos jurídicos para el proceso.
El informe fue elaborado por el diputado instructor Jovair Arantes y aceptó la acusación de que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
El abogado general explicó que el informe del instructor agregó casos "completamente ajenos" a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, "en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada".
En su opinión, "sólo eso ya perjudicó el legítimo derecho a la defensa" de la mandataria, que en sus alegatos se limitó a responder a "aquello que era objeto de la acusación".
Sin embargo, la Corte Suprema ha aclarado que tanto esa comisión como el pleno de los Diputados se limitan a decidir si se aceptan las acusaciones, ya que el juicio político como tal será aprobado y realizado por el Senado.
De ese modo, en la votación del domingo en la Cámara Baja, el proceso pasará a manos del Senado si así lo deciden 342 de los 513 diputados.
De alcanzarse esa mayoría calificada, en un plazo aún no definido pero que puede ser de unos quince días, los 81 miembros del Senado decidirán, por mayoría simple, si efectivamente se abre el juicio político contra la mandataria.
Si así fuera, Rousseff se tendría que separar del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio y en ese período debería ser sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la mandataria perdiera el cargo.
Pérdidas de apoyos
En las últimas dos semanas, la presidenta ha perdido el apoyo en la cámara baja de varios grupos que formaban parte de la coalición de Gobierno.
El último en abandonar a Rousseff ha sido el Partido Laborista Brasileño, que este miércoles anunció que la mayoría de sus diputados votarán a favor de abrir el juicio político, al igual que el Partido Progresista, el Partido Republicano Brasileño y, sobre todo, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, la formación que lidera Temer y que hasta hace poco era el principal sostén del Ejecutivo.
Rousseff acusa a su vicepresidente de orquestar una "conspiración" para destituirla.
A nueve diputados de aprobar el juicio político
Según un sondeo del diario Estado de Sao Paulo recogido por Reuters, los diputados favorables a juzgar a la presidenta suman 333, a solo nueve de la mayoría necesaria, por 124 que votarían en contra y 56 que no han decidido su voto o se abstendrían.
Por ello, Rousseff ha recurrido a los servicios jurídicos del Gobierno para frenar el proceso, alegando fallos en el procedimiento. En concreto, Cardozo ha explicado en rueda de prensa que en la demanda presentada al Supremo se formulan "varias peticiones", aunque la "principal" exige que se declare "nulo" el informe aprobado por una comisión de 65 diputados que examinó si existen fundamentos jurídicos para procesar a la presidenta.
Ese informe fue elaborado por el diputado instructor Jovair Arantes, que aceptó la acusación de que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.