Cuatro exsocios de PricewaterhouseCoopers (PwC) han pactado con la Fiscalía Anticorrupción la aceptación de una condena de entre 3 y 6 meses -que será sustituida por una multa- y el pago de 38 millones de euros para cerrar el proceso abierto contra un total de 44 exsocios y un socio de esa auditora por el delito fiscal cometido en la venta a IBM del negocio de consultoría de sistemas de PwC en el año 2002.
Los exsocios que asumen la condena son Miguel Fernánez de Pinedo (de 72 años), César Rodríguez (66 años), Miguel Cruz (68 años) y José María Tajadura (68 años).
La sentencia de conformidad, firmada por el juez central de lo Penal, José María Vázquel Honrubia, absuelve de todos los cargos al resto de los imputados en el proceso.
Un proceso abierto hace 8 años
La sentencia pone fin a un proceso que se inició hace ocho años y cuyo juicio oral se aplazó hace un año, cuando la Fiscalía retiró las acusaciones contra 12 exsocios y rebajó la cuota tributaria que reclamaba a otros 22.
Los cuatro exsocios que asumen la condena -que abandonaron ese papel en la auditora hace más de ocho años- han sostenido desde el principio que la operación fue totalmente transparente y ajustada a Derecho, y que tributaron correctamente por ella.
Además, consideran que este asunto nunca debería haberse llevado a juicio y debería haberse tramitado por la vía administrativa, ya que se trataba de una discrepancia técnica sobre la forma de tributar, y todos los hechos imputados se habían comunicado a las autoridades tributarias sin que ninguna de ellas pusiera objeciones.
Sin embargo, han aceptado pactar una solución porque creen que mantener abierto el proceso judicial durante más años es perjudicial para ellos y para la imagen de la firma de la que fueron socios.
Anticorrupción consideró ficticia la reestructuración
El caso se remonta a 2002, cuando PwC vendió su división de consultoría de sistemas a IBM. En 2008, la Fiscalía Anticorrupción acusó a varios exsocios de la PwC España de haber realizado un proceso de reestructuración ficticio para acogerse a las ventajas fiscales contempladas en el Régimen Especial Fiscal del Impuesto sobre Sociedades para este tipo de operaciones.
Los exsocios de PwC se defendieron afirmando que la reestructuración fue una operación real, efectiva y transparente, que cumplió con todas las exigencias legales, y que fue comunicada a las autoridades fiscales sin que ninguna de ellas pusiera reparos. Los exsocios también afirmaron que letrados, expertos independientes y académicos del máximo prestigio respaldaron que la reestructuración se llevó a cabo de forma totalmente correcta.
La estructura montada en la firma auditora después de la venta es la que está vigente en la actualidad.
La Fiscalía les acusó también de que una parte del importe de la venta, 21 millones de euros -que los socios habían recibido por adelantado- debería haberse declarado como rendimientos del trabajo y no como incremento de patrimonio. Finalmente, sobre ese punto, la sentencia pactada reconoce que fueron rendimientos del trabajo irregulares.
Respecto a esta cuestión, los exsocios señalaron que el pago estaba vinculado a la segregación de la consultoría de sistemas y su posterior venta a IBM y, como tal, los importes recibidos por los exsocios se declararon y tributaron como incremento de patrimonio y no como rendimientos del trabajo, ya que no estaban relacionados con los servicios laborales prestados.