El empresario y exconsejero socialista Ángel Ojeda, principal implicado en el presunto fraude de los cursos de formación, ha reducido todo lo ocurrido entre sus empresas y la Junta de Andalucía a "irregularidades administrativas, ni siquiera contables", ha defendido que "todo ha sido legal" y se ha negado contestar a las preguntas del PP-A este lunes en la comisión parlamentaria creada para investigar este caso.
Consejero del Gobierno andaluz a finales de los ochenta y beneficiario de más 50 millones de fondos públicos destinados a cursos, de los que 33,3 corresponden a la formación de extrabajadores de Delphi, Ojeda se ha presentado como un "ciudadano ejemplar" y víctima de una presunta prevaricación "masiva" de la Junta que habría cometido contra "miles de empresas" de cursos de formación por no pagarles de forma "consciente y dolosa" el dinero que les corresponde.
También ha apuntado al "interés, a la campaña brutal" del Gobierno del PP en su contra y ha señalado a un inspector de la UDEF mandado desde Madrid que "introdujo la deriva penal y trajo como consecuencia cientos de detenciones", entre ellas la suya, en Andalucía.
Asegura que la Junta le "debe dinero" de las subvenciones
En una comparecencia de tres horas y media ante la comisión parlamentaria de investigación, Ojeda ha rechazado en cada una de las preguntas que las actuaciones de su entramado de empresas hayan incurrido en fraude o se haya beneficiado con los cursos de formación, y ha manifestado que la Junta le "debe dinero" de las subvenciones y que los cursos se hacía al "coste y no con sobrecoste".
"Todo ha sido legal y normal, de acuerdo a las resoluciones y controles de la Junta. Por mucho que se busque todo estaba pagado, y controlado y justificado" por los funcionarios de la Junta, ha aseverado.
Sobre la concesión de la subvención para la formación a los trabajadores de Delphi, ha instado a preguntar a la Junta, a la "legalidad" de la resolución, y ha garantizado que "se han cumplido a rajatabla" los procedimientos administrativos, en éste como en el resto de los cursos -ha dicho-, cuyo número y cuantía dijo no recordar, aunque el PP cifró al menos en 102 los cursos realizados.
Ojeda se ha quejado del tiempo que tarda la Junta en abonar el 25% de los cursos y ha indicado que su empresa ha puesto 61 contenciosos-administrativos y que la justicia le está "dando la razón condenando a la Junta a la liquidación, las costas y los intereses de demora".
Ojeda se niega a responder a la diputada del PP-A
El momento más tenso de los interrogatorios ha sido durante el turno de la diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, a la que se ha negado a responder Ojeda. Una decisión que el exconsejero ha justificado en una querella por "difamación" puesta por su cuñada y ex directora general de Formación para el Empleo, Teresa Florido, contra una dirigente popular (Ana Mestre) que -según dijo- fue "asesorada" por Ruiz Sillero y que ha sido condenada por la justicia.
"La querella fue archivada. Miente, falta a la verdad, no he intervenido y está obligado a decir la verdad bajo penas de multa o presión", ha replicado la diputada.
Pese a la ausencia de respuestas, Ruiz Sillero ha preguntado por qué su cuñada firmó dos resoluciones ampliando el plazo de ejecución de acciones formativas o por qué dice "desconocer" al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en los ERE, cuando Ojeda "firmó" el manifiesto para su excarcelación.
Además, ha aludido a las "extrañas confluencias" de Ojeda con Antonio Fernández y Javier Guerrero, el principal imputado por el caso de los ERE, y le ha avisado de que "nadie se cree" que no haya ganado dinero con los cursos.