La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado, con los votos en contra del PP, Ciudadanos y del diputado de UPN, solicitar al Gobierno que derogue la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana para que se vuelva al texto anterior, la norma de 1992, conocida como "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta", lo que incluye también la paralización de las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes.
También, apenas nueve meses después de su entrada en vigor, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa que solicita al Gobierno que derogue inmediatamente la prisión permanente revisable que recoge el Código Penal por tratarse de una pena "inconstitucional", "inhumana y degradante".
Aún no hay Gobierno pero en su debut las comisiones de Interior y Justicia del Congreso han pedido enterrar dos de los proyectos legislativos estrella del que todavía está en funciones y que estaban abocadas a la derogación si el PP no mantenía la mayoría absoluta, puesto que la oposición hace tiempo que se había conjurado para enterrarlas en caso de tener oportunidad.
En cualquier caso, y si bien ambas decisiones no tienen ningún efecto ejecutivo en tanto que instan a un gobierno inexistente a tomar esas medidas, han proyectado una respuesta simbólica y unánime a dos leyes muy polémicas, aprobadas en su día en solitario por el PP y recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC).
Iniciativa de ERC
Tras una negociación entre el grupo proponente, ERC, que pedía derogar el texto aprobado hace ocho meses -la bautizada por sus críticos como "ley mordaza"- y el PSOE, finalmente se ha acordado la siguiente redacción de la iniciativa: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la reforma de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en 2015".
Los socialistas no han interpretado el resultado final del debate como una "marcha atrás" en sus promesas, ya que, según han indicado a Efe fuentes de este partido, el objetivo es que se supriman los preceptos que ellos mismos recurrieron ante el TC y volver a la anterior normativa, la ley de 1992, para que las fuerzas de seguridad no se queden sin un respaldo legal en su quehacer.
La votación se ha saldado con 28 votos a favor de PSOE, Podemos, Compromís, ERC y Democracia y Libertad, y 15 votos en contra de Ciudadanos y PP. La formación naranja no demanda derogar la norma, pero sí una "reforma profunda", de forma que se garanticen los derechos fundamentales y se vuelva a situar bajo control judicial determinadas actuaciones.
Paralizar de inmediato las devoluciones en caliente
La proposición no de ley también solicita al Ejecutivo paralizar de manera "inmediata" las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, ya que estas prácticas -que el Gobierno denomina de "rechazo en frontera"- no son acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España.
Esta ley se ha visto sometida a uno de los primeros debates de la Comisión de Interior en la XI Legislatura, tal y como habían anunciado un número importante de partidos, que ya advirtieron que la derogarían cuando la ley fue aprobada.
Incluso el PSOE recurrió ante el Constitucional varios de sus artículos, lo que le ha servido ahora de argumento para justificar su petición de que en la norma solo se deroguen los preceptos que soportaron la reforma de la ley Corcuera.
Entre ellos, según los socialistas, los que reconocen facultades "excesivas" a las fuerzas de seguridad, los que sustituyen "el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia" para esas intervenciones o aquellos que atribuyen a los agentes "podemos de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas".
ERC: la ley "más indignante y reaccionaria"
En una dura intervención, el proponente de la iniciativa Gabriel Rufián, de ERC, ha calificado la "ley Mordaza" como "la más indignante y reaccionaria de cuantas iniciativas ha aprobado ese rodillo legislativo absolutista del Gobierno del PP".
Una ley que "hace buena a uno de lo más restrictivos ministros del Interior (José Luis Corcuera), con el permiso del inefable Jorge Fernández Díaz", ha enfatizado Rufián antes de señalar que la norma, que sitúa a España en el "tercermundismo", escandaliza a Amnistía Internacional, Naciones Unidas y setenta organizaciones sociales.
Desde el PSOE, José Miguel Camacho se ha opuesto a la normativa que entró en vigor en julio pasado porque "conculca" derechos fundamentales como los de expresión, manifestación y huelga, y otorga a la administración un doble papel: "el de juez y parte". "La derogación total sería algo que no tendría mucho sentido, pero sí derogar todo lo que el PP introdujo como 'ley Mordaza'", ha dicho.
Tampoco creía necesario Ciudadanos, como ha dicho su diputado Diego Clemente, la derogación total pero sí una "reforma profunda" de todos los artículos que suponen, a su juicio, una "limitación grave de los derechos ciudadanos", además de que en ellos se atenta contra la separación de poderes.
Podemos sí que pedía la derogación, aunque también han respaldado la proposición final por entender que la ley supone un paso atrás en la tendencia internacional de defensa de los derechos y libertades. Según el diputado Eduardo Santos, "ningún dato ni reclamación de nadie, incluidas las fuerzas de seguridad", pedía una nueva ley que permitiera una mayor atribución de funciones legales a los agentes.
Belén Hoyo, del PP, se ha afanado en rebatir todas las críticas, que ha atribuido a la demagogia de los partidos para "obtener un rédito político" en una materia que es cuestión de Estado. Ha arremetido contra Podemos por lo que se podía esperar de un partido que se niega a firmar el pacto antiyihadista y pone como ejemplo de gobierno a Venezuela, y se ha dirigido a Ciudadanos para mostrar su extrañeza ante una actitud que refleja su posición de "acólito" del PSOE.
Eliminar la prisión permanente revisable
Con el único voto en contra del PP, la Comisión de Justicia ha sacado adelante una proposición no de ley, también a propuesta de ERC, en la que se insta al Ejecutivo a derogar la prisión permanente revisable, que la mayoría de los grupos han tachado como cadena perpetua, que no responde a una demanda ciudadana, no garantiza más seguridad y choca con los principios constitucionales.
PSOE, Podemos y Ciudadanos coincidieron este martes en su rechazo a la pena aprobada la pasada legislatura a instancias del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que ha estado en entredicho desde su aprobación hace nueve meses.
De hecho, todos los grupos han recordado que la prisión permanente revisable, que acaparó las críticas más duras de la oposición parlamentaria la pasada legislatura hacia el Ministerio de Justicia, fue aprobada sin consenso con los votos del PP y que, además, se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).
El PP se ha opuesto rotundamente a su eliminación al defender que la prisión permanente revisable "no es una cadena perpetua ni de lejos", ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que esta figura es compatible con la reinserción.
En un acto en Badajoz, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha defendido ante los medios que la prisión permanente revisable es una medida "razonable" pues en todas las sociedades democráticas europeas existe una figura de estas características, y ha puesto como ejemplo a Francia, Alemania y Reino Unido.