Argentina ha cerrado un preacuerdo por unos 900 millones de dólares (unos 825 millones de euros al cambio actual) para saldar deuda pendiente con 50.000 acreedores italianos, correspondiente a bonos argentinos en mora, que "representan aproximadamente el 15% de la deuda que quedó fuera de los acuerdos", ha explicado en rueda de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas argentino, Alfonso Prat-Gay.
El ministro ha dicho que en el acuerdo alcanzado con los tenedores de bonos italianos el Gobierno argentino reconoce el capital adeudado "y un interés prudente", que es una tercera parte del establecido ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial para resolver controversias entre Gobiernos e inversores privados.
El titular de la cartera de Hacienda ha señalado que el preacuerdo permite a Argentina "ir normalizando las relaciones financieras internacionales". A su juicio, es también un paso adelante para "cerrar la brecha con los litigantes más duros", es decir, los fondos especulativos que encabeza el magnate estadounidense Paul Singer, que cuentan con una sentencia favorable en la Justicia estadounidense para el cobro íntegro de bonos argentinos impagos desde 2001, más elevados intereses.
Estos fondos rechazaron las reestructuraciones de deuda ofrecidas por Argentina en 2005 y 2010, bajo las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), a las que sí se acogieron el 93% de los poseedores de estos títulos, que entraron en mora en medio de una grave crisis económica.
También han rechazado las ofertas posteriores realizadas por el Ejecutivo de Fernández para intentar destrabar el conflicto. Tras el cambio de Gobierno, el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri retomó el mes pasado las conversaciones y presentará una nueva propuesta esta semana que contempla una quita a los intereses punitorios que pesan sobre la deuda.
Según el Gobierno argentino, el total de la deuda reclamada en el juicio era inicialmente de 2.943 millones de dólares (2.697 millones de euros), pero al aplicarse los últimos fallos del juez Griesa ha pasado a ser de 9.882 millones de dólares (9.055 millones de euros).
Como parte de la aplicación de la sentencia, desde mediados de 2014, Griesa mantiene congelados los pagos a los acreedores que sí aceptaron las reestructuraciones de deuda, a la espera de que Argentina regularice su situación con los fondos. Por esta razón, el país entró en una "suspensión de pagos selectiva", que actualmente constituye su principal traba para acceder a los mercados internacionales de crédito.
A este respecto, este mismo martes representantes del Gobierno argentino han acudido de nuevo a las oficinas de un mediador judicial estadounidense para intentar acercar posiciones con los fondos de inversión.