Más de veinte personas, entre ellos el ex director general valenciano de Interior Pedro Hidalgo y el ex alto cargo catalán de Interior X. Palmés, han sido detenidas en la operación policial de ámbito nacional relacionada con el amaño de contratos públicos para la extinción de incendios coordinada por un juzgado valenciano.
Así lo han avanzado a Efe fuentes de la Generalitat, que han añadido que el Gobierno valenciano encargó el pasado verano una auditoría sobre la compañía aérea INAER, con sede en Alicante, ante la sospecha de posible mala praxis en los contratos con la Administración.
El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, en las que se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, han resultado detenidos también dos mandos de los Bomberos de la Generalitat y un ex alto cargo de la conselleria de Interior, X. Palmés.
Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, dos de los 21 detenidos en esta operación corresponden al cuerpo de los Bomberos de la Generalitat: Manel B., actual responsable de la División Sala Central y exresponsable de Medios Aéreos, y Ramon D., actualmente en la región metropolitana sur de Barcelona tras haber ejercido también como jefe de Medios Aéreos. El ex alto cargo detenido había sido jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio de la conselleria de Interior, X. Palmés, según estas fuentes.
Contratos de extinción aérea de incendios forestales
Esta operación se enmarca en el proceso abierto por un presunto amaño de contratos públicos -tanto en España como en Italia y Portugal- relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.
En concreto, se investiga la supuesta concertación en la contratación de servicios de extinción de incendios forestales, como hidroaviones, material y naves, según las fuentes consultadas.
El juez investiga la contratación de medios aéreos para las campañas forestales de los cuerpos de Bomberos de varias comunidades autónomas a empresas como Avialsa T-35, investigada desde 2014 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por un contrato del año 2010 por valor de 22 millones de euros con la Generalitat valenciana.
Una veintena de registros en empresas y viviendas
En estas diligencias está investigado (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre otros, Serafín Castellano por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como conseller de Justicia de la Generalitat durante el mandato del PP.
El Cuerpo Nacional de Policía ha practicado 20 registros en empresas y viviendas y la causa, que se ha decretado secreta, está abierta por los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Algunos de los registros se han producido en las sedes de bomberos de la Comunitat Valenciana o Cataluña, han informado fuentes cercanas al caso. Los registros han sido desarrollados por agentes de paisano de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).