Grecia y los acreedores han llegado a un acuerdo sobre un nuevo paquete de medidas, cuya aprobación es necesaria para poder obtener un nuevo subtramo del rescate de 1.000 millones de euros, aunque han dejado para enero algunos puntos no resueltos.
El acuerdo será remitido al Parlamento, donde será sometido a votación el próximo martes, como paso previo al visto bueno por parte del Eurogrupo. En caso de que los socios de la eurozona den luz verde, el desembolso podría efectuarse el próximo día 18.
El nuevo paquete abarca 13 requisitos acordados entre el Gobierno de Alexis Tsipras y los representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Mecanismo Europeo de Estabilidad como parte de las reformas que acompañan al programa de rescate.
En esta lista había una serie de temas menos problemáticos, como medidas para luchar contra el contrabando de combustible, pero también algunos más espinosos, como la nueva tabla salarial de los funcionarios o la privatización parcial de la compañía de distribución de electricidad (ADMIE).
El Estado mantendrá el 51% del capital de ADMIE, que ahora forma parte de la sociedad pública de electricidad (DEI) y que será separada de ella. Del 49% que será privatizado, el 20% se venderá a un inversor estratégico europeo y el 30% restante se comercializará a través de la Bolsa de Atenas.
Uno de los últimos puntos tratado ha sido la gestión de la cartera de deudas morosas de la banca griega y su venta a fondos privados, los denominados fondos "buitre". Finalmente, ambas partes han llegado a un acuerdo en lo que respecta a los préstamos vencidos de grandes empresas, pero han dejado para febrero la gestión de la cartera morosa de hipotecas que no están protegidas por ley, los créditos impagados de las pymes y los de consumo.
El ministro de Economía, Giorgos Stathakis, ha señalado al término de las negociaciones que este paréntesis tendrá vigencia hasta el 15 de febrero 2016, fecha para la que se habrá elaborado un nuevo marco regulatorio. Según han apuntado los medios citando fuentes de la negociación, el compromiso contempla que los fondos "buitre" que quieran adquirir estas carteras deberán tener su sede en Grecia y regirse por la legislación de este país.
También hubo acuerdo sobre la creación de un fondo de privatizaciones bajo supervisión de las instituciones europeas, que deberá sustituir al ya existente Taiped, entidad encargada de gestionar las privatizaciones. El Gobierno y los acreedores han acordado que el consejo de administración de este fondo estará compuesto por cinco personas, tres griegos y dos pertenecientes a las instituciones.
Fuera del paquete de requisitos había quedado ya previamente la reforma de las pensiones, la laboral y la eliminación de las exenciones fiscales de los agricultores.