El Gobierno griego y los representantes de las instituciones acreedoras han logrado esta madrugada un acuerdo sobre los requisitos pendientes para poder desbloquear 2.000 millones del tercer rescate y fondos para recapitalizar la banca helena (hay previstos hasta 10.000 millones de euros). "Tenemos un acuerdo sobre todos los 48 requisitos previos", ha dicho el ministro de Finanzas de Grecia, Euclides Tsakalotos, quien ha subrayado que el texto lo votará este jueves el Parlamento heleno.
Tras una nueva jornada maratoniana, el gabinete de Tsipras y los representantes de la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional cerraron esta madrugada la lista de 48 requisitos, cuyo cumplimiento era necesario para poder obtener más fondos. "Hubo un acuerdo sobre todos los hitos (...) todo lo que se necesitaba", ha dicho Tsakalotos a la prensa.
Poco después, y tras una teleconferencia del Grupo de Trabajo del Euro, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, se ha felicitado por "la buena noticia" que supone el acuerdo y ha asegurado que la zona euro "está dispuesta a aprobar el desembolso de la ayuda y la transferencia de fondos para recapitalizar el sector bancario griego siempre y cuando Grecia complete las condiciones acordadas y se implemente la legislación (necesaria)".
"Una vez que se aprueben se podrá revisar el programa. Esto allanará el terreno para poder aprobar el desembolso", ha asegurado en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Vladis Dombrovskis, quien ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, fraguado "tras dos días y dos noches de negociación".
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha explicado que el acuerdo incluye un consenso sobre los precios de los medicamentos genéricos, sobre la legislación del Fondo Helénico de Estabilidad Financiera (HFSF, por sus siglas en inglés) para garantizar mejoras en la gobernanza del sector financiero y en legislaciones, así como una estrategia para hacer frente a los créditos morosos y la protección de las primeras viviendas.
Protección absoluta para el 25% de los hipotecados
Ambas partes han logrado cerrar el punto más peliagudo que quedaba por resolver: las ejecuciones hipotecarias. Finalmente se acordó un modelo que solo ofrece protección absoluta del desahucio a los propietarios de vivienda con los ingresos más bajos, que constituyen en torno al 25% de la cartera total de hipotecas morosas.
A este grupo pertenecen personas con ingresos anuales brutos de 8.180 euros en el caso de solteros, de 13.917 euros para los casados sin hijos y de 20.639 euros con familias con dos hijos. Ellos obtendrán un subsidio para poder hacer frente a sus obligaciones bancarias, para lo que se reservará una partida de 100 millones de euros en los presupuestos generales de 2018. Otra de los requisitos para beneficiarse de esta protección es que el valor catastral de la vivienda no debe exceder los 170.000 euros.
A los hipotecarios con ingresos de entre 13.906 euros (solteros) y 35.086 (casados con dos hijos) y viviendas con un valor catastral no superior a los 230.000 euros se les aplicará un modelo de pago a plazos de obligado cumplimiento si quieren evitar perder su vivienda. La cantidad a pagar en cada tramo la decidirá un juez, que tomará en cuenta el valor comercial del piso. Aceptar la decisión del juez será obligatorio si el hipotecario quiere evitar el desahucio.
Con todo, el modelo de consenso alcanzado logrará proteger del desahucio al 60% de las hipotecas, menos del objetivo inicial del Ejecutivo, que era del 72%. El ministro de Economía, Yorgos Stazakis, presente en la rueda de prensa, ha explicado que el acuerdo con los acreedores en este aspecto prevé que los créditos se reestructuren con respecto al valor comercial actual de las propiedades, de modo que los bancos asuman el coste de la disminución del valor del préstamo.
"El valor comercial de las viviendas está muy por debajo del que tenían antes de la crisis y esto será la contribución de los bancos", ha explicado Stazakis. Preguntado si se venderán las deudas morosas a los denominados 'fondos buitres', el ministro de Economía ha precisado que si esto ocurre "habrá un nuevo marco legal".
Otros impuestos
En otro orden de cosas, el Ejecutivo de Tsipras ha logrado que no suba el IVA de la enseñanza privada al 23% a cambio de que aumenten impuestos sobre los juegos de azar y el vino. "Probablemente se impondrá una tasa de 30 céntimos a cada botella de vino", ha especificado Tsakalotos en una rueda de prensa.
Tsakalotos ha explicado que el impuesto a los juegos de azar puede aportar hasta 200 millones de euros anualmente, de los 300 millones que habría aportado el IVA sobre la educación privada, por lo que es necesario buscar alternativas para los 100 millones de euros restantes. El ministro dijo que el Ejecutivo está examinando además "otras dos alternativas" si la tasa sobre el vino no es suficiente para cubrir esta cantidad.
"En los próximos días precisaremos el segundo paquete de requisitos y lo que habrá de hacerse entre la aprobación del segundo paquete y la conclusión de la evaluación", ha recalcado el ministro de Finanzas.
Siguen las negociaciones para desbloquear otros 1.000 millones
Sin mayor tregua, Grecia y los acreedores empezarán a trabajar desde este miércoles sobre la próxima lista de requisitos, cuya aplicación es necesaria para desbloquear 1.000 millones, el último desembolso aprobado del tercer rescate griego.
Uno de los dos temas más candentes de esa negociación es el de la cartera de créditos morosos de la banca, que asciende a 107.000 millones de euros, lo que representa en torno al 60% del producto interior bruto (PIB) griego.
El Gobierno de Tsipras ha aceptado que se puedan vender créditos en mora a fondos de inversión en el extranjero, los llamados 'fondos buitre'. Por ahora, no obstante, se resiste a aceptar que -además de los préstamos en mora de grandes empresas- puedan venderse los de las pequeñas, los de particulares, así como las hipotecas.
El debate sobre esta cuestión ha quedado aplazado para no torpedear el desembolso de los fondos para la recapitalización de la banca, un proceso que debe haber concluido antes de finales de año.