El Pleno del Congreso ha aprobado este martes de forma definitiva la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, los quintos que elabora el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el respaldo de PP y UPN y el rechazo del resto de grupos de la oposición. El presupuesto, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, tendrá que ser gestionado por el Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre, algo que ha criticado con dureza la oposición. En cualquier caso, Bruselas ya ha pedido que se tomen las "medidas necesarias" para garantizar que se cumple con el déficit.
En el debate de este martes, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido unas cuentas que son "las de la estabilidad y la credibilidad" y que se basan en el "gran cambio que se ha producido en España" en los últimos cuatro años, que ha llevado a la sociedad española de la "desesperación" a la "ilusión".
Mientras que el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha señalado que estas cuentas ya están "caducadas" porque se basan en proyecciones "falsas" que el PP ha "cuadrado a martillazos" con el único ánimo "electoralista" de "salvarse de la derrota" en las urnas.
Para el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, la legislatura "termina como empezó, con el Gobierno mintiendo" y presentando los Presupuestos "más falsos de la historia de la democracia" y que "están muertos antes de nacer" por su falta de credibilidad.
Por su parte, Rafael Calduch, portavoz económico de UPyD, ha puesto en duda la viabilidad "económica y política" y la "credibilidad" de las cuentas, que incluyen "importantes contradicciones contables".
Mientras, el portavoz de Convergència (CDC), Pere Macias, ha criticado la política "recentralizadora" y de asfixia a las comunidades aplicada por el Gobierno central a lo largo de toda la legislatura, que perjudica a los servicios sociales y a la economía productiva y que se consagra en estas cuentas. A renglón seguido, Conxita Tarruella (Unió) ha señalado que los Presupuestos son "puramente electoralistas" por lo que aprobarlos es "una gran irresponsabilidad política".
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha calificado de "fraude democrático en toda regla" la presentación y aprobación de unas cuentas que gestionará otro Gobierno y con el que el PP sólo busca "pescar en el revuelto río electoral". La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, cree que el PP sólo intenta "edulcorar su oferta electoral" con un Presupuesto en el que se "inventa un optimismo tan fuera de la realidad" que incluso les han "llamado la atención".
Por Compromís-Equo, Joan Baldoví considera que estas cuentas perpetúan una "marginación" hacia la Comunidad Valenciana que se repite desde hace legislaturas, y ha tachado de "electoralistas" estas cuentas que "nunca se debería haber debatido". Pedro Quevedo (CC-NC) cree que este Presupuesto es el ejemplo paradigmático de una legislatura en la que ha "triunfado la ideología ultraliberal contra la lógica y el antiparlamentarismo contra el debate de las ideas y al consenso", mientras en España aumentan la "desigualdad y la pobreza" y se "marginaba" a Canarias.
Por su parte, Enrique Alvarez Sostres (Foro Asturias) ha cuestionado el "rigor y los excesos electoralistas" que también la Comisión Europea ve en estas cuentas. El portavoz de Geroa Bai en el Congreso, Bixente Serrano Izko, ha dicho que "el próximo Gobierno tendrá que cambiarlos, aplicar más recortes o más subidas de impuestos pero los incautos compradores ya nada podrán hacer". En este mismo sentido se ha expresado Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, quien ha reclamado la "retirada inmediata" de unos Presupuestos "antisociales, electorales, trucados y denunciados" por Bruselas, y ha criticado que las cuentas "van contra los pueblos".
Una vez finalizado el pleno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha insistido en que las cuentas presentadas para el próximo ejercicio "consolidan la recuperación económica y la creación de empleo" y ofrecen un "porvenir mucho más positivo" para los españoles que el que existía en 2012, al inicio de la legislatura.
Bruselas pide que se tomen las "medidas necesarias" para cumplir con el déficit
El adelanto de los presupuestos, -que llegaron a la Cámara Baja en pleno agosto casi dos meses antes de lo habitual-, ha sido consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales para el 20 de diciembre y la consiguiente disolución de las Cortes. El motivo, que el presidente Rajoy quería dejar aprobadas las cuentas antes de dar por finalizada la legislatura.
El Ejecutivo ha defendido por activa y por pasiva que su única intención es dar estabilidad, sobre todo de cara a los mercados internacionales, para no perjudicar a la incipiente recuperación que, según pronostica, continuará fortaleciéndose en la próxima legislatura. Sin embargo la oposición cree que lo que quiere el PP es dejar "atadas y bien atadas" las cosas en previsión de un cambio de mayorías parlamentarias y han tildado de "electoralistas", "irreales" y "antisociales" las cuentas para 2016.
Como consecuencia del adelanto en la presentación de los PGE 2016, también se publicó antes el informe de la Comisión Europea sobre el proyecto de ley. Bruselas ve riesgos de que España vaya a cumplir el objetivo de déficit de 2016 (fijado en el 2,8%), por lo que ha pedido a las autoridades nacionales que presenten un proyecto de plan presupuestario actualizado "tan pronto como sea posible". Varias formaciones, entre ellas el PSOE, han pedido que el presidente explique en el Pleno del Congreso estas advertencias, algo que ha rechazado el Partido Popular. En este sentido, Rajoy ha sido rotundo y ha afirmado que "España no incumplirá" con lo comprometido.
El PP solo acepta tres enmiendas de la oposición
Durante los tres meses que las cuentas han sido debatidas, éstas apenas han sufrido las modificaciones. Solo se han incorporado las 200 enmiendas del Grupo Popular, que no ha aceptado más que tres propuestas de modificación de la oposición, todas ellas a iniciativa de los nacionalistas catalanes en el Senado, rechazando tanto las enmiendas de totalidad de todos los grupos en el Congreso y el Senado como las casi 7.600 parciales registradas entre ambas cámaras.
También se acordaron en el Pleno del Senado tres enmiendas transaccionales que corrigen aspectos técnicos referidos a la reposición de personal en las empresas públicas con beneficios, incrementan en 350.000 euros la dotación para la capitalidad cultural de San Sebastián 2016 y establecen beneficios fiscales para la salida de la vuelta al mundo a vela Alicante 2017.
Con las enmiendas aceptadas -y propuestas por el PP- se triplica el límite deducible por seguro de enfermedad a los autónomos con discapacidad en el IRPF, se modifica el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (DTA) en el Impuesto sobre Sociedades y se permite a los ayuntamientos rebajar hasta un 20% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios más eficientes en términos energéticos.
Las claves de las cuentas para 2016
Este adelanto de la tramitación ha obligado al Ministerio de Hacienda a utilizar proyecciones macroeconómicas muy alejadas en el tiempo en el que se ejecutará el Presupuesto, aunque el ministro Cristóbal Montoro siempre ha defendido que, como en años anteriores, se ha sido muy cauto y conservador para asegurarse de que cualquier sorpresa sea por exceso de celo y no se produzcan desviaciones.
Así, se ha fijado un límite de gasto no financiero de 123.394 millones de euros, un 4,4% inferior al actual. El grueso del gasto presupuestario lo absorben las políticas sociales, encabezadas por las pensiones, que subirán un 0,25%, -a las que se destinaría un 2,9% más, hasta sumar 135.449 millones, el 38,5% del gasto total- y la protección por desempleo, que desciende en casi un 22% hasta los 19.821 millones (el 5,6% del gasto total).
Después de las pensiones, el gasto más alto al que tiene que hacer frente el Estado es el pago de los intereses de la deuda. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado establece una partida de 33.490 millones de euros, un 5,6% menos de lo presupuestado en 2015.
Mientras, el gasto destinado a las actuaciones de carácter económico -las que lleva a cabo el Estado en los sectores productivos- se reducirá en un 6,64%, hasta los 28.584 millones. Destaca el recorte en las áreas de agricultura, pesca y alimentación (-13,31%), infraestructuras (-2,89%) e industria y energía (-9,5%), que contrasta con la ligera subida de los fondos de I+D+i (0,5%).
Aparte, el Ejecutivo aumenta un 0,9% la dotación destinada a inversión pública, que sumará 13.231 millones de euros, una parte de la cual se transferirá a empresas, fundaciones y consorcios públicos, responsables de gestionar más del 61% de las inversiones.