El nuevo consejero delegado de Volkswagen, Matthias Müller, ha culpado a "algunos desarrolladores" del trucaje de motores diésel para falsear las emisiones contaminantes. En su primera entrevista desde que llegó al cargo el pasado 25 de septiembre, Müller ha exculpado a la dirección del grupo del escándalo que ha sumido a la empresa en la mayor crisis de su historia.
"Por lo que yo sé, sólo algunos empleados estaban implicados", ha declarado Müller al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde ha especificado que "cuatro personas, entre ellas tres directores responsables del desarrollo de motores en diferentes épocas", han sido suspendidas, por el momento, como resultado de una investigación interna. "Otros [responsables] ya se han jubilado", ha añadido.
Además, Müller ha descartado que su predecesor al frente de Volkswagen, Martin Winterkorn, estuviera al tanto de las manipulaciones. "No lo creo", ha señalado antes de apoyar esa creencia con una pregunta: "¿Cree usted verdaderamente que un consejero delegado tiene tiempo de preocuparse de la vida interior de los programas informáticos de los motores?".
El máximo responsable ejecutivo del fabricante alemán ha continuado con su argumento al explicar que el desarrollo de un motor "es un proceso complejo que implica la interacción de programadores, desarrolladores de motores y de cajas de transmisión y de aquellos que preparan las medidas para las pruebas de las autoridades", un proceso en el que -ha añadido- "normalmente, la dirección no está implicada directamente".
Un coste de decenas de miles de millones
Por contra, en la entrevista, Müller reconoce que la manipulación de los motores se puso en marcha en la sede central del grupo, en la ciudad alemana de Wolfsburgo y no en EE.UU. , donde se reveló el fraude.
Sobre el coste que el escándalo acarreará al gigante automovilístico, el máximo ejecutivo ha señalado que "no se trata de solucionar tres cosas, sino miles de millones".
Así, para algunos vehículos bastará una actualización de programas informáticos, mientras que en otros casos habrá que cambiar inyectores o catalizadores. Por eso, los expertos calculan que la adaptación física de los vehículos a las normas de cada país costará entre 100 euros y 10.000 euros por unidad.
Pero el coste de las revisiones es sólo una parte. Según las estimaciones de UBS, la factura total -incluyendo eventuales demandas, indemnizaciones y multas- rondará los 35.000 millones de euros. Otros analistas elevan esa cifra hasta los 50.000 millones.
Ese elevado precio obligará a apretarse el cinturón al grupo, que el año pasado facturó 200.000 millones de euros. El consejero delegado ya ha advertido a los trabajadores que la salida de la crisis será "muy dolorosa" y ha adelantado que se cancelarán o aplazarán las inversiones que no sean esenciales.
Relevo en el consejo de supervisión de la compañía
Horas después, el consejo de supervisión de Volkswagen nombraba nuevo presidente del organismo a Hans Dieter Pötsch, quien al asumir el cargo ha asegurado que la firma externa elegida para investigar lo sucedido con el caso del software -Jones Day- "no está dejando literalmente piedra sin levantar".
"Me he comprometido personalmente a aclarar hasta el final lo ocurrido", ha afirmado el hasta ahora responsable de Finanzas de Volkswagen, en una breve comparecencia ante los medios.
La elección de Pötsch al frente del consejo de vigilancia fue precedida de las críticas de la Asociación de Protección del Inversor (SdK), que no lo considera el candidato idóneo para afrontar el escándalo, pues no se ha podido demostrar con certeza que no tenga parte de responsabilidad.
Más de 90.000 vehículos en Australia con el motor cuestionado
Por otra parte, este miércoles, la unidad australiana de Volkswagen ha informado de que más de 90.000 vehículos del grupo vendidos en ese país están equipados con el tipo de motor cuestionado por sus emisiones, el EA189. De ellos, 14.000 corresponden a modelos de la marca Audi.
De ese total, 55.000 son turismos de marca Volkswagen, 17.000 son vehículos comerciales y otros 5.000 corresponden a la marca Skoda.
La Comisión de Consumo y Competencia de Australia ha abierto una investigación para aclarar si los consumidores de ese país han sido engañados y ha advertido que el fabricante alemán se enfrentará a acciones legales y multas millonarias si se demuestra que violó las leyes de consumo.