Volkswagen ha confirmado que 8 millones de sus vehículos en la UE están equipados con el tipo de motor diésel cuestionado por sus emisiones, sobre el total de 11 millones que están distribuidos por el mundo. Así lo explica el fabricante alemán en un documento remitido a diputados germanos, cuyo contenido ha sido confirmado a France Presse por un portavoz del grupo.
Hace dos semanas, la compañía admitió que motores diésel del tipo EA189 están instalados en unos 11 millones de unidades de las marcas Volkswagen, Audi, Skoda y Seat. Pero no concretó en cuántos de ellos figura también el programa informático que reduce las emisiones en las pruebas para que los vehículos parezcan menos contaminantes de lo que en realidad son.
Además, desde entonces, la empresa ha ido soltando con cuentagotas los detalles sobre modelos y los países donde se han distribuido.
Alemania sería el país con más unidades afectadas
Así, se sabe ya que en Alemania habría 2,8 millones de vehículos afectados, que en Reino Unido serían 1,1 millones, casi un millón estarían en Francia, otros 683.000 en España y 650.000 en Italia. El resto, hasta los 8 millones de vehículos ahora reconocidos, se repartirían por los otros 23 países de la UE.
Aparte de Europa, habría unos 500.000 vehículos con motores del tipo EA189 en EE.UU. y otras cantidades importantes -aún no concretadas- en Australia, Corea del Sur y México.
Por marcas, Volkswagen es la más afectada, con 5 millones de vehículos equipados con el polémico dispositivo.
Para corregir el inmenso fraude, el fabricante alemán está organizando una llamada a revisión masiva de millones de vehículos para acomodarlos a las normas medioambientales, algo que parece muy complicado a la vista de las declaraciones de los ingenieros y técnicos de la compañía, que han explicado que, después de meses de trabajos, no se pudo reducir las emisiones de ese tipo de motor.
Este escándalo es ya la peor crisis de los 78 años de historia de este fabricante automovilístico alemán, que se enfrenta a numerosas demandas e investigaciones judiciales en varios países, que amenazan con obligarle a pagar miles de millones de euros por daños y multas, que se unirán a la financiación empleada en la revisión masiva.