La presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, ha relatado las "penurias" que ha tenido para poner en marcha este organismo debido a la falta de recursos por la que ha pasado, si bien ha señalado que la "dureza" de esta labor no se debe a que nadie le haya "puesto trabas", sino que las considera "intrínseca" a la puesta en marcha de un organismo como este.
"Me encontré sola, sin sede, sin medios, sin una cuenta bancaria, sin estructura y sin recursos humanos para echar a andar", se ha quejado Arizmendi en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, si bien se ha mostrado convencida de que "tenía que ser así" y ha negado que el Gobierno le haya "dado la espalda".
Además, ha advertido de que, dado que cuatro comunidades autónomas han acudido al Consejo para que les haga las resoluciones y estudio de las reclamaciones que reciben, necesitará "refuerzos", porque supone "más trabajo y efectivos".
"Me gustaría que no hubiera mucho escándalo ni sorpresa cuando haya necesidad de un aumento de recursos", ha pedido a los representantes políticos.
Respecto a sus previsiones presupuestarias, ha dado cuenta de un aumento del 15% en la dotación para 2016 respecto a la de 2015, lo que supone un total de 2.974.540 euros, 394.340 euros más que este año.
Una cifra "decepcionante" de consultas
La responsable del organismo ha reconocido que las 587 consultas recibidas por el Consejo es una cifra "decepcionante", ha explicado también que la experiencia en sus primeros nueve meses en el cargo le indica que la cultura de la transparencia va "calando muy lentamente" entre los ciudadanos y que estos son "tímidamente conscientes" del derecho al acceso a la información pública.
Según los datos que ha aportado Arizmendi, el Consejo de la Transparencia -con 62 seguidores en Facebook y 564 en Twitter- ha tramitado 280 reclamaciones, 203 informaciones y 67 consultas sobre la aplicación de la ley.
A este respecto, ha apuntado que una parte de su trabajo en 2016 va a ir dirigido a estudiar, con ayuda de la OCU y el INE, "el porqué de esa falta de cultura de transparencia" en España.
Arizmendi ha aprovechado este miércoles su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del informe preceptivo que ha elaborado este órgano sobre el Reglamento de la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno.
Críticas de los grupos políticos
Arizmendi ha hecho asimismo hincapié en su "absoluta independencia", frente a las acusaciones de la socialista Susana Sumelzo, que le ha reprochado su "tibieza" y su ausencia de crítica al Gobierno.
Sumelzo le ha reprochado también que a lo largo de nueve meses el portal de la transparencia haya tenido "las mismas visitas que un periódico regional en dos semanas", a lo que Arizmendi ha replicado que se está planteando hacer camisetas con el lema "el Consejo no es el portal".
Por su parte, otros portavoces, como la de la Izquierda Plural, Caridad García (IU), se han jactado detener más seguidores en Facebook que el nuevo organismo.
La portavoz del PSOE ha considerado "desproporcionado" un presupuesto de casi tres millones de euros en relación con la actividad que desempeña, mientras que el de UPyD, Rafael Calduch, no se ha opuesto.
Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Gómez de la Serna, ha criticado que los socialistas opinen sobre la tarea de Arizmendi "con prejuicios"; ha felicitado a ésta por su "tarea de titanes" y ha confesado que él no está en Facebook y que no le "importa nada".
"Restricciones" sobre los sueldos de los altos cargos
Sobre el reglamento ha criticado que en algunos preceptos ese texto pretenda ir "más allá" de la norma y, entre otras cosas, que busque restringir el acceso a la información sobre retribuciones de altos cargos y empleados públicos.
En su intervención ha avanzado que sí tiene conocimiento de que se van a incorporar algunas de las sugerencias del Consejo, aunque no ha especificado cuáles y ha criticado que el órgano que ella preside ni siquiera sea mencionado en el borrador de Reglamento que ha elaborado el Ejecutivo y ha alertado de que contiene preceptos "que parecen ir más allá del desarrollo de la ley porque introduce lo que podría entenderse como criterios interpretativos".
En concreto, ha dejado patente su "preocupación" por el hecho de que el Gobierno haya fijado en el Reglamento un criterio "distinto" al establecido por el propio Consejo y la Agencia de Protección de Datos en lo relativo al acceso a la información sobre las retribuciones de altos cargos y empleados públicos.
En este sentido, ha solicitado que, en contra de lo que propone el borrador gubernamental sobre el Reglamento, no queden excluidas todas las peticiones de datos sobre los sueldos públicos, sino que se "pondere" en cada caso.