La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha actuado este miércoles de anfitriona en la firma del llamado acuerdo lácteo entre la industria del sector, las empresas de distribución y una parte de los productores, ya que las organizaciones que representan a la mayoría del sector ganadero de la leche en España, COAG y UPA, no lo han respaldado al considerar que no garantiza el final de la crisis y que es una "mera declaración de intenciones".
Los representantes agrarios que sí han firmado el pacto son ASAJA -que lo ha calificado de "histórico y decisivo" por "el número de agentes industriales y de la distribución que lo firman"- y la patronal de las cooperativas.
El acuerdo entrará en vigor dentro de 10 días, por lo que su cumplimiento se podrá exigir desde el próximo 3 de octubre.
El acuerdo recoge el compromiso de los distintos agentes que intervienen en la producción, distribución y venta de trabajar -cada uno en su respectivo ámbito de actuación- por la estabilidad y creación de valor de los productos lácteos a lo largo de la cadena, así como para lograr precios "sostenibles y remuneradores" en cada tramo de la misma, algo que desde las organizaciones agrarias discrepantes califican de "abstracto y generalizado".
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha defendido que el acuerdo ha sido "tan ambicioso" como el ordenamiento jurídico español ha permitido. La titular del ramo ha defendido que el pacto "se traducirá en mejores precios y más remuneradores en cada tramo de la cadena de valor" y donde, asegura, "los mayores beneficiados serán los ganaderos de leche españoles".
Un compromiso "abstracto y generalizado", según COAG y UPA
Según las organizaciones agrarias discrepantes, al acuerdo "le ha faltado valentía para definir un precio sostenible al productor" y carece además de garantías jurídicas que permitan "cambiar los malos hábitos que industria y distribución llevan años desarrollando".
UPA y COAG reivindican un sistema que garantice que todos los ganaderos cobren un precio mínimo por la leche que cubra los costes de producción y que tengan garantías jurídicas. Sobre esto último, denuncian que en el documento aprobado no se hace mención a qué sucede en el caso de "incumplimientos" ni tampoco hace referencia a un "régimen sancionador".
Así, anuncian que mantendrán las movilizaciones si no se materializan sus peticiones. Ambas aseguran que han tratado "hasta el último momento" de conseguir que el texto del acuerdo recoja las demandas de los ganaderos y mantienen las puertas abiertas para sumarse "si el acuerdo se modifica".
Sin embargo, estas organizaciones no perciben una "intención real" de los agentes de la cadena de cambiar las reglas de juego tras varios acuerdos firmados con un "escaso grado de cumplimiento" por parte de estos eslabones.
"No se ha visto ningún movimiento de la industria que hiciera pensar que este documento descafeinado vaya a servir para algo", se lamenta a RTVE.es Gaspar Anabitarte, secretario general de UGAM-COAG en Cantabria, que sí destaca cambios en el comportamiento de las empresas vinculadas a la distribuidora Mercadona, "que se han comprometido a que ningún ganadero cobre menos de 30 céntimos por litro".
La clave está en el precio
Según el acuerdo, la industria láctea y la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) se comprometen a aplicar precios y volúmenes de compra en sus contratos que, en función de la evolución del mercado, "contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones y garanticen la recogida" de la leche al productor, dependiendo de la evolución de las ventas de la industria contratante.
Este punto trata de garantizar que la industria pague por la leche a los ganaderos lo suficiente para que sobrevivan. Pero la cuestión clave del precio presenta muchas perspectivas y aristas.
En la actualidad, una gran parte de los ganaderos cobran entre 25 y 26 céntimos de euros por cada litro de leche de vaca, mientras que su producción les cuesta 32 céntimos (cuando tienen pastos para alimentar a su ganado) o 34 céntimos (si no cuentan con pastos).
Sin embargo, la industria está pagando hasta 36 céntimos por litro a determinados productores, según denuncia a RTVE.es el representante de UGAM-COAG en Cantabria, una de las zonas, junto a Galicia y parte de Castilla y León, donde las empresas pagan precios más bajos por la leche. Y estas divergencias -según advierte, fomentadas intencionadamente por la industria- dificultan la unidad de los ganaderos en la que insiste el Ministerio.
Esas diferencias también se favorecen por la falta de una definición única de la denominada leche-tipo (de las características que debe tener, por ejemplo, en cuanto a contenido graso). "Sin eso, cada industria establece qué considera leche-tipo en función de sus intereses y según eso va variando los precios. Eso impide hablar de lo mismo y comparar los precios ofrecidos entre industrias... No es la misma calidad para todos", explica Gaspar Anabitarte.
El acuerdo también insta a las cooperativas y organizaciones agrarias a promover la constitución de organizaciones de productores que integren a ganaderos individuales y a los socios de las cooperativas de producción láctea para tratar de estructurar el sector, de manera que integren al mayor número posible de ganaderos. Esta unión -según Agricultura- facilitaría que los productores se comprometan a ceder la capacidad de negociación a las organizaciones de productores y a comercializar toda su producción a través de ellas.
Para el representante en Cantabria de COAG, ese fomento de la unidad es "una farsa" que también se establece en el paquete lácteo aprobado por la Unión Europea, como una vía para saltarse la ley de Competencia, que impide la negociación colectiva de precios. "La negociación colectiva permitida a las organizaciones de productores no se está haciendo en ningún país europeo", asegura Anabitarte.
"En Cantabria, cerca del 70% de los productores están agrupados en cooperativas. Hay una cooperativa, Agrocantabria, que suma 100 millones de litros de leche al año y no se puede sentar a negociar porque la industria no quiere. Y la leche no se puede guardar... ¿Qué hace ahora pensar al Ministerio que el juntarse va a forzar a la industria a sentarse a negociar?", se pregunta este ganadero.
Transparencia en los precios pagados por cada eslabón
Un paso que sí valoran los críticos es el compromiso del Ministerio de Agricultura de regular mediante un real decreto la publicidad de los precios lácteos. Así, la industria deberá "facilitar mensualmente" los datos de los precios netos cobrados a la distribución, lo que facilitará ver cuánto paga por la leche la distribución y cuánto paga la industria a los ganaderos, comprobando así en qué eslabón de la cadena se produce el encarecimiento del producto.
La distribución ha asegurado que "con el compromiso de todas las partes, las relaciones entre los eslabones de la cadena alimentaria podrán ser más transparentes y estables". Así lo han afirmado en un comunicado conjunto Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autorservicios y Supermecados (Asedas) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces) en un comunicado.
Por contra, UPA y COAG denuncian que haya desaparecido del acuerdo una frase introducida durante la negociación, que establecía que la industria recogería y pagaría por encima de costes el volumen de leche que cada uno producía a fecha de 1 de abril (cuando desapareció el sistema europeo de cuotas), mientras que la cantidad que excediese ese límite se pagara al precio de mercado.
"Ésta era la parte que nos daba cierta protección", considera Gaspar Anabitarte a RTVE.es, que explica que esa fórmula permitía que el coste de producción del excedente recayese en quien lo produce.
Un contrato-tipo de compraventa y un sistema de arbitraje
Con el acuerdo firmado este miércoles, las empresas lácteas también se comprometen a compartir con los ganaderos la revalorización que obtengan al revisar las modalidades de contratación con la distribución.
En este sentido, la industria promoverá a la mayor brevedad posible y para su aplicación generalizada, un contrato-tipo de compraventa de leche -en el marco de lo previsto en la ley reguladora de los contratos-tipo de productos agroalimentarios- para tratar de mejorar la trasparencia en las relaciones entre ganaderos y sus primeros compradores.
En este punto, Anabitarte recuerda que la actual ley vigente obliga a la industria a firmar contratos de un año con los ganaderos, algo que no se ha cumplido en muchos casos, ya que las empresas presionan a los productores para que renuncien a esa duración.
Además, el pacto incorpora un sistema de arbitraje independiente para la resolución de las diferencias que puedan surgir entre las partes respecto de su interpretación o ejecución.
Evitar que los lácteos se utilicen como productos-reclamo
En cuanto a las empresas de distribución alimentaria, en el acuerdo se comprometen, entre otras cosas, a valorizar la leche y los productos lácteos con medidas concretas que impidan utilizarlos como productos-reclamo en sus establecimientos (que se regalen con otras compras), un uso que -según denuncian los productores- banaliza los productos lácteos ante el consumidor.
Asimismo, supermercados e hipermercados promoverán de manera efectiva las modalidades de compra de leche líquida que permitan mantener el valor del producto en los primeros escalones de la cadena, en particular, mediante contratos a largo plazo con las industrias proveedoras.
Este tipo de contratos busca facilitar un marco estable de relaciones entre todos los agentes de la cadena que favorezca la sostenibilidad del sector y permita a las industrias planificar la producción y el aprovisionamiento de leche por parte de los ganaderos.
Para ayudar en esta tarea, la agrupación Interprofesional Láctea (Inlac) constituirá, a la mayor brevedad posible, un comité consultivo con las asociaciones de la distribución para analizar la cadena de valor y el impacto de la aplicación de los contratos sobre la misma y sobre la planificación de las producciones.
Una vez firmado, la adhesión de otras empresas de la distribución e industrias lácteas al acuerdo se hará mediante un escrito dirigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que deberá ser firmado por quien tenga competencia para ello. La adhesión será efectiva desde el mismo día en que se reciba dicho escrito, sin necesidad de aceptación expresa por las partes firmantes del acuerdo.
El cumplimiento de los compromisos se atendrá en todo momento a lo previsto en la normativa reguladora del derecho a la competencia, por lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será competente para intervenir en el marco de esa normativa.