Los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado este jueves la decisión de mantener la tregua unilateral que la guerrilla declaró hace un mes para crear "un ambiente político apropiado" en las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana.
La delegación de paz de las FARC ha indicado que "exigimos una actitud correspondiente por parte del Gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama".
Las FARC han decidido así prolongar el alto el fuego unilateral, aunque sin aclarar hasta cuándo, pero han denunciado una serie de "agresiones a una guerrilla en tregua" durante los 30 días transcurridos de alto el fuego.
Losada acusa al Gobierno colombiano de aprovecharse de la tregua
"Lo más sensato por parte del Gobierno es no continuar tratando de sacar ventaja militar de este gesto humanitario de la insurgencia", ha subrayado el negociador de las FARC, Carlos Antonio Losada.
Según han denunciado, durante el mes de tregua se produjeron dos bombardeos contra unidades guerrilleras en el departamento del Putumayo, a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos suspendió estos bombardeos en respuesta al alto el fuego de las FARC.
Del mismo modo, apuntan a una serie de operaciones terrestres que se saldaron con una guerrillera capturada y dos muertas en Antioquia; un asalto aéreo a una unidad del Caquetá en la que murió un guerrillero y tres permanecen desaparecidos; además de fumigaciones aéreas sobre diversos frentes de ambos departamentos. "Mientras no haya definiciones claras sobre estos asuntos será muy difícil avanzar de manera expedita en la construcción de acuerdos en la mesa", ha sentenciado Losada.
Denuncian una "política sistemática" de persecución a dirigentes sociales
Las FARC han insistido además en que es "consenso nacional que ya no tiene validez dialogar en medio de las detonaciones y el ruido de los fusiles", aunque han precisado que, ante esas agresiones, "las unidades guerrilleras están en el derecho a responder apelando a la legítima defensa".
La guerrilla se ha referido así a unos "informes recientes", cuya fuente no ha especificado, según los cuáles en los seis primeros meses de 2015, fallecieron de forma violenta 69 defensores de los Derechos Humanos, líderes políticos y sociales, 25 sufrieron atentados, 334 fueron amenazados y 4 fueron detenidos arbitrariamente.
Para las FARC, estos datos muestran que hay una "política sistemática" de perseguir, encarcelar y silenciar a dirigentes sociales, por lo que han llamado la atención sobre el aumento del paramilitarismo en Colombia y una "ofensiva mediática que pretende desconocer el carácter político de la insurgencia".