El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles definitivamente la nueva Ley de Montes impulsada por el Gobierno y que incluye una enmienda por la que se permitirá construir en un terreno forestal incendiado sin que pasen 30 años cuando concurran "razones imperiosas de interés público de primer orden". Deja así en manos de las Comunidades Autónomas la recalificación de los montes quemados, hasta ahora blindados tres décadas.
Concretamente, el texto contempla que "con carácter excepcional" las comunidades autónomas podrán cambiar de uso un espacio calcinado cuando concurran esas "razones imperiosas", siempre que se adopten medidas compensatorias- añade- para recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada.
El Gobierno considera que la ley supone mejorar el aprovechamiento forestal en España, mientras que la oposición la considera "un ladrillo jurídico para sembrar el caos en los bosques, que no contenta a casi nadie".
El texto al que ha dado luz verde el Parlamento, gracias a la mayoría del PP, modifica una norma de 2006 y regulará más del 54 % superficie del país, 27,7 millones de hectáreas que están consideradas suelo forestal, de las cuales dos tercios están en manos privadas.
La nueva ley incorpora las normas reguladoras del trasvase de agua Tajo-Segura para dar cumplimiento a una sentencia del Constitucional, y ha contado con el rechazo de ONG, ingenieros, biólogos, agentes forestales, sindicatos y de los grupos de la oposición.
Los aspectos más polémicos a los que han aludido este miércoles los parlamentarios de los grupos de la oposición tienen que ver con que la nueva norma "degrade" el papel de los agentes forestales a la hora de denunciar delitos ambientales. La voluntariedad de realizar planes de gestión es otra de las novedades que ha contando con más rechazo.
El PP acusa a la oposición de tener un concepto "rancio" del monte
En el debate final de la ley, el diputado popular Manuel Torres, ingeniero de montes, ha calificado de "machacones" los argumentos de la oposición, así como de "poseer un concepto rancio del monte, como algo que, porque es de todos, no se puede tocar".
Con su postura, la oposición demuestra "falta de sensibilidad con los propietarios y habitantes del mundo rural, queriendo limitar sus posibilidades de desarrollo", ha agregado.
Torres ha dicho que la nueva norma posee cuatro objetivos: "proteger la biodiversidad, prevenir incendios, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento de los recursos forestales".
"Esta ley ni degrada a los agentes forestales, ni suprime planes ordenación de los montes, ni recalifica urbanísticamente bosques quemados", ha incidido Torres, para quien la norma "armonizará" el desarrollo económico con la conservación del monte.
El PSOE cambiará la ley, si gobierna
La diputada del PSOE Laura Seara se ha comprometido a que su partido cambiará la ley si gobierna, porque el texto actual es "un atajo hacia la defensa de los intereses del PP, que con esta ley abre la puerta a la privatización de los montes públicos y favorecer la recalificación de terrenos quemados".
"Esta ley limita y ataca el trabajo de los agentes ambientales, socava su autoridad e independencia, y comente la insolencia política de regular el trasvase Tajo-Segura", ha señalado.
En un tono muy duro se ha pronunciado también la diputada del PNV Maite Ariztegui, quien ha recalcado que la ley supone "un retroceso disfrazado de modernización forestal".
En la tesis de que la ley supone "una oportunidad económica perdida" ha profundizado también el diputado de CIU Martí Barberá, quien ha lamentado "que el texto no incorpore incentivos fiscales para la gestión forestal sostenible" y "deje de lado a agricultores y apicultores".
"La especulación urbanística tiene la puerta abierta con esta ley", ha indicado el diputado de la Izquierda Plural Josep Pérez, quien ha acusado al PP de utilizar esta Ley "para brindar el trasvase Tajo-Segura saltándose varias directivas y evadiendo periodos de información pública".
"Con esta acción demuestran su falta de respeto a los ciudadanos y al Parlamento", ha concluido.
Los ecologistas acusan al Gobierno de "consumar" la desprotección ambiental
Las cinco grandes organizaciones ecologistas de ámbito nacional han considerado que, con la aprobación de la nueva Ley de Montes, el Gobierno "consuma un nuevo paso de desregulación y desprotección ambiental en la Legislatura", y "omite el interés general para favorecer el privado".
En declaraciones a Efe, portavoces de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han sostenido que la modificación de esta ley atiende al interés por "desregular y eliminar toda limitación a la hora de desarrollar ciertas actividades económicas y urbanísticas".
"Hemos pedido a todos los grupos de la oposición que si llegan al Gobierno una de las primeras labores que hagan sea derogar esta Ley de Montes porque supone un retroceso muy grave", ha señalado a Efe Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
Los activistas coinciden en que la norma aprobada hoy supone un "abandono de la gestión forestal, al no ser obligatoria la elaboración de planes de gestión de los montes que estén en aprovechamiento".
Otro de los aspectos que más rechazo les genera es que "reabra la posibilidad de construir en montes quemados" facilitando, a su juicio, "la especulación urbanística, que ha motivado algunos de los mayores incendios de nuestro país". La anterior ley blindaba los montes quemados durante los 30 años posteriores a un incendio.